Nueve Estados del espacio Schengen —entre ellos Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos— solicitaron a la Comisión Europea que prolongue las exenciones del nuevo sistema biométrico de control de fronteras (EES), cuya aplicación plena ha generado colas de hasta tres horas en aeropuertos y pasos terrestres. En una carta dirigida al comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, los gobiernos pidieron mantener más allá del 6 de septiembre el mecanismo de reserva que permite a los guardias fronterizos suspender la recogida de huellas dactilares y fotografías faciales cuando se producen fallos técnicos o aglomeraciones. Un portavoz comunitario recordó que la legislación ya contempla cierta flexibilidad, incluida la posibilidad de no capturar datos biométricos en temporada alta, pero evitó comprometerse a una prórroga formal.

La petición se inscribe en un contexto más amplio de aplazamientos y llamamientos a revisar los pilares tecnológicos de la Unión. En el ámbito de la inteligencia artificial, el Reglamento europeo pospuso hasta el 2 de diciembre de 2027 las obligaciones esenciales para los sistemas de alto riesgo utilizados en migración, asilo y control de fronteras, como los que evalúan la credibilidad de un solicitante, estiman el riesgo de inmigración irregular o cotejan rasgos biométricos. Organizaciones de derechos digitales, como EDRi, advierten de que la demora abre una “zona gris” en la que las personas con menos capacidad de impugnar decisiones automatizadas quedan desprotegidas, y temen que algunas empresas se apresuren a desplegar sus herramientas antes de la fecha límite para eludir las exigencias de gestión de riesgos, calidad de datos y supervisión humana. La investigadora Petra Molnar, de la Universidad de York, califica la migración de “zona sacrificial” del derecho europeo y señala que los grandes sistemas de bases de datos, como Eurodac y el futuro ETIAS, gozan de plazos aún más dilatados —hasta 2030—, mientras que las excepciones por seguridad nacional permiten a los Estados eludir por completo las restricciones.

En paralelo, las principales patronales de Italia, Francia y Alemania —Confindustria, Medef y BDI— unieron fuerzas por primera vez para reclamar a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, una revisión profunda del mercado europeo de derechos de emisión (ETS). En su misiva, las organizaciones, que representan a casi medio millón de empresas, citan un estudio de la Universidad de Milán-Bicocca según el cual la reducción de emisiones entre 2013 y 2024 se debió más al cierre de plantas que al efecto incentivador del mecanismo. Piden mantener las cuotas gratuitas y las compensaciones por costes indirectos mientras no existan alternativas eficaces contra la fuga de carbono, reforzar el arancel climático en frontera (CBAM) y excluir del ámbito del ETS al transporte marítimo y a la aviación. El diputado Maurizio Casasco, responsable económico de Forza Italia, respaldó la iniciativa y recordó que su partido ya había presentado interpelaciones parlamentarias en el mismo sentido.

Desde la óptica de Bruselas, la coincidencia de estas tres controversias —los sistemas biométricos de frontera, la inteligencia artificial aplicada al asilo y el mercado de carbono— dibuja un patrón de fricción entre la voluntad reguladora y las realidades operativas y económicas. Mientras los gobiernos nacionales invocan el caos logístico para suavizar la implantación del EES, las organizaciones de la sociedad civil alertan de que los aplazamientos en la ley de IA consolidan un espacio de escasa rendición de cuentas justo donde los errores algorítmicos pueden decidir el destino de un solicitante de protección internacional. En el frente industrial, la presión de las tres mayores economías de la UE sitúa la competitividad como condición previa a la transición ecológica.

La Comisión tiene previsto presentar su propuesta de revisión del ETS el 17 de julio, mientras que el mecanismo de flexibilidad del control biométrico expira el 6 de septiembre, aunque los nueve países firmantes aspiran a una prórroga. En cuanto a la ley de inteligencia artificial, las obligaciones para los sistemas migratorios de alto riesgo no entrarán en vigor hasta diciembre de 2027, un calendario que, según fuentes del Parlamento Europeo, podría reabrirse si los informes de impacto sobre derechos fundamentales revelan lagunas graves antes de esa fecha.