La restauración del estanque reflectante del Lincoln Memorial, concluida a principios de junio, ha desembocado en un conflicto judicial y político tras multiplicar por siete el costo anunciado por el presidente Donald Trump. Según la documentación oficial citada por medios estadounidenses, el proyecto pasó de una estimación inicial de menos de dos millones de dólares a un gasto final de 14,7 millones. A los pocos días de finalizadas las obras, el agua comenzó a teñirse de verde por la proliferación de algas y la pintura azul «bandera estadounidense» empezó a desprenderse, lo que obligó a vaciar el estanque por segunda vez en pocos meses.

Desde la Casa Blanca se atribuyeron los daños a actos vandálicos. Trump afirmó, sin presentar pruebas, que desconocidos vertieron sustancias químicas en el agua y rasgaron con una cuchilla más de 90 metros del revestimiento del fondo. La fiscal federal Jeanine Pirro acusó al ex piragüista olímpico David Hearn de «destruir deliberadamente» la propiedad y de comportarse de forma «beligerante» al ser increpado por un empleado de parques. Hearn, de 67 años, se declaró no culpable de un delito grave de destrucción de bienes y quedó en libertad sin fianza. Su defensa sostiene que el acusado solo tocó el material por curiosidad y que el deterioro ya existía, y califica la imputación de un intento de la Administración de desviar la atención de sus propios fallos.

Desde la óptica de organizaciones ambientalistas y de patrimonio, los problemas del estanque responden a una renovación apresurada y a la adjudicación de contratos sin licitación a empresas con vínculos con el entorno presidencial. El Center for Biological Diversity reclamó una investigación para determinar si los patos hallados muertos en la zona fallecieron por los productos químicos empleados en la limpieza, por la pintura desprendida o por floraciones de algas tóxicas. Un catedrático de ciencias biológicas de la Universidad Estatal Wright declaró a la cadena PBS que resulta «absolutamente imposible» que alguien pudiera inocular el estanque y provocar un efecto visible en cuestión de horas. Paralelamente, la fundación Cultural Landscape Foundation demandó al Gobierno por considerar que las obras violaron las leyes nacionales de preservación histórica y de política ambiental, al eludir una revisión ambiental completa.

En el plano legislativo, congresistas demócratas han cuestionado el proceso de contratación y el desfase presupuestario, mientras el secretario del Interior, Doug Burgum, confirmó que la misma empresa ejecutará las próximas reparaciones. El caso penal contra Hearn, el primero por delito grave entre una media docena de procesos abiertos, tiene fijada una audiencia de situación para el 5 de agosto. La Administración mantiene que los daños fueron intencionados y que el costo de las reparaciones adicionales podría elevarse a decenas de miles de dólares, mientras la defensa del deportista ha recaudado más de 140.000 dólares para sufragar su estrategia judicial.