Los países de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo a nivel de embajadores para prolongar la directiva de protección temporal de los desplazados ucranianos hasta el 4 de marzo de 2028, al tiempo que introducen una condición restrictiva para los nuevos solicitantes: a partir de la entrada en vigor de la medida, solo podrán acogerse a este estatus quienes acrediten haber cumplido sus deberes militares en Ucrania. Según el comunicado del Consejo de la UE, la limitación no afectará a los más de cuatro millones de personas que ya gozan de protección en territorio comunitario y se aplicará únicamente a las solicitudes presentadas con posterioridad a la adopción formal del texto.

Desde Bruselas se enmarca la decisión en la necesidad de atender las “cambiantes necesidades de defensa” de Ucrania. La presidencia irlandesa del Consejo subrayó que la extensión busca ofrecer estabilidad a quienes han encontrado refugio en la UE y, al mismo tiempo, garantizar que el país pueda defenderse. De acuerdo con fuentes comunitarias, la restricción responde a una petición expresa de Kiev, que en junio solicitó no renovar la protección para los varones en edad de movilización —de 23 a 60 años— con el fin de reforzar su campaña de reclutamiento. Varios Estados miembros ya habían adoptado medidas en esa dirección: Dinamarca anunció que los ucranianos de esa franja de edad sin exención militar dejarán de recibir permisos de residencia, y Polonia constató un incremento de llegadas de jóvenes de 18 a 22 años tras la apertura de salidas por estudios o trabajo.

En la práctica, los nuevos solicitantes deberán demostrar el cumplimiento de sus obligaciones castrenses mediante un pasaporte con el sello de salida estampado por las autoridades ucranianas, que acredite una partida legal, o bien presentar un documento —en papel o formato electrónico— que certifique la exención o el cumplimiento del servicio militar. La directiva de protección temporal, activada por primera vez en 2022, otorga derechos uniformes en toda la UE: residencia, acceso al mercado laboral, a la vivienda, a la asistencia sanitaria y social, y a la educación para los menores. Su prórroga hasta 2028 proporciona certidumbre jurídica a los beneficiarios actuales, mientras que la nueva exigencia introduce un filtro que, según analistas en Europa central, refleja el esfuerzo de las capitales comunitarias por conciliar la acogida humanitaria con las prioridades de seguridad de Ucrania y con las presiones internas sobre los servicios públicos.

El texto acordado será sometido a adopción formal en las próximas semanas y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. En paralelo, el debate sobre restricciones migratorias más amplias continúa: una propuesta para prohibir la entrada al espacio europeo a combatientes rusos fue aplazada por falta de consenso, después de que países como Francia e Italia expresaran reservas, según se desprende de las discusiones del vigésimo primer paquete de sanciones. La Comisión Europea estudia ahora introducir una nueva categoría de limitaciones en la política de visados que permita suspender o rechazar solicitudes de nacionales de terceros países que representen riesgos para la seguridad de la Unión.