El Tribunal de Apelación de París confirmó este martes la culpabilidad de Marine Le Pen por malversación de fondos del Parlamento Europeo, pero redujo sustancialmente la pena de inhabilitación que pesaba sobre ella, lo que le devuelve la posibilidad legal de competir en las elecciones presidenciales francesas de abril de 2027. La sentencia impone a la líder de Agrupación Nacional tres años de prisión —dos de ellos suspendidos y uno de cumplimiento efectivo con brazalete electrónico—, una multa de 100.000 euros y 45 meses de prohibición para ejercer cargos públicos, de los cuales 30 quedan en suspenso. Dado que la inhabilitación comenzó a computarse con la condena de primera instancia en marzo de 2025, los 15 meses firmes ya se consideran cumplidos, lo que elimina el principal obstáculo jurídico para su candidatura.

La decisión judicial fue recibida con interpretaciones contrapuestas en el tablero político francés. Desde la óptica de Bruselas, el abogado del Parlamento Europeo subrayó que la corte confirmó “el robo de dinero de los contribuyentes europeos” y que la condena por hechos graves es ya definitiva en cuanto a la culpabilidad. En París, los partidos de izquierda y el oficialismo criticaron que una persona condenada por desvío de fondos públicos pueda aspirar a la jefatura del Estado, mientras que en la sede de Agrupación Nacional el veredicto se interpretó como un alivio parcial que devuelve a los electores la libertad de elección. La propia Le Pen, tras varias horas de silencio, anunció en la televisión francesa que será candidata y que recurrirá ante el Tribunal de Casación, convencida de que ese recurso suspenderá la obligación de portar el brazalete electrónico durante la campaña.

El fallo introduce una situación jurídica sin precedentes en la Quinta República. La corte de apelación justificó la reducción de la inhabilitación apelando a la “libertad de las candidaturas” y a la “libre elección de los electores” como condiciones esenciales de la expresión democrática, al tiempo que calificó los hechos de “graves” por haberse prolongado durante más de once años y por haber quebrantado la igualdad entre partidos. Analistas en América Latina y España observan que la decisión traslada a la esfera política una controversia que la justicia no quiso zanjar de forma definitiva, dejando en manos de Le Pen la evaluación sobre la compatibilidad entre una condena penal y una campaña presidencial.

El caso se remonta al período 2004-2016, cuando el entonces Frente Nacional utilizó fondos destinados a asistentes parlamentarios europeos para pagar a personal que en realidad trabajaba para el partido en Francia. La investigación cifró el perjuicio total en más de 2,8 millones de euros. En primera instancia, en marzo de 2025, Le Pen había sido condenada a cinco años de inhabilitación con ejecución inmediata, lo que la dejaba fuera de la carrera presidencial. La reducción de esa pena en apelación reconfigura el escenario electoral a diez meses de los comicios, en los que las encuestas sitúan a la extrema derecha como primera fuerza, ya sea con Le Pen o con su delfín, Jordan Bardella, a quien la líder confirmó como su futuro primer ministro en caso de victoria.

El desenlace definitivo sigue abierto. La fiscalía general anunció que decidirá la próxima semana si presenta también un recurso de casación, lo que podría reactivar la inhabilitación. El Tribunal de Casación ha indicado que, de ser requerido, trataría de emitir un fallo antes de las elecciones. Mientras tanto, la campaña presidencial arranca con una candidata que se declara inocente y que, por primera vez en la historia reciente de Francia, concurre a unas elecciones con una condena firme por malversación de fondos públicos.