El Parlamento Europeo dio luz verde definitiva a la primera revisión sustancial de los derechos de los pasajeros aéreos desde 2004, con 646 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones. El texto, pendiente de confirmación por el Consejo de la UE, fija compensaciones de entre 250 y 600 euros por retrasos superiores a tres horas, cancelaciones comunicadas con menos de catorce días de antelación o denegación de embarque. Desde Bruselas se subraya que los viajeros dispondrán de nueve meses para reclamar y las aerolíneas deberán abonar las sumas en un máximo de treinta días. La norma introduce además el derecho a llevar un trolley sin coste adicional en la tarifa básica, aunque las compañías podrán ofrecer precios más bajos a quien viaje solo con un bolso pequeño, y prohíbe los recargos por corregir erratas en el nombre o por usar la tarjeta de embarque impresa.

La reforma refuerza la protección de los colectivos más vulnerables. Se garantiza la asignación gratuita de asientos contiguos para los acompañantes de menores de catorce años, mujeres embarazadas y personas con discapacidad o movilidad reducida. En este último caso, las aerolíneas deberán prestar asistencia si el pasajero pierde el vuelo por retrasos imputables a los servicios aeroportuarios de acompañamiento hasta la puerta de embarque. Los eurodiputados también acordaron que, ante una cancelación, las compañías estarán obligadas a buscar transporte alternativo de forma activa, incluso recurriendo a otros operadores, y permitirán que el viajero organice por su cuenta la reprogramación cuando sea necesario. Las excepciones por circunstancias extraordinarias —desastres naturales, conflictos bélicos, meteorología adversa, pasajeros indisciplinados o huelgas del gestor aeroportuario— eximen del pago, pero no de la obligación de asistencia.

De forma paralela, el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (EES) que registra datos biométricos de ciudadanos extracomunitarios en las fronteras Schengen está generando congestiones en una veintena de aeropuertos regionales. Según fuentes comunitarias, terminales como Milán Bérgamo, Tenerife Sur, Palma de Mallorca, Alicante, Málaga, Cracovia y París Beauvais han registrado esperas de hasta cinco horas para superar los controles. La Comisión Europea ha decidido autorizar a los Estados miembros a suspender temporalmente el control electrónico hasta septiembre, retornando al sellado manual de pasaportes por parte de la policía de fronteras, con el fin de aliviar la presión durante el pico estival. Al mismo tiempo, Bruselas trabaja con las autoridades nacionales, los aeropuertos y las aerolíneas para simplificar procedimientos, aumentar las puertas automáticas, reforzar los efectivos policiales y movilizar personal de Frontex, que también está listo para desplegar una aplicación de prerregistro.

En el ámbito latinoamericano, un fallo reciente en Brasil ilustra cómo la tutela del consumidor aéreo se abre paso también por vía judicial. La segunda instancia del Tribunal de Justicia del Distrito Federal condenó a Air France a indemnizar con 2.500 reales a cada uno de tres pasajeros por el mal funcionamiento de los asientos reclinables en clase premium durante un vuelo París-São Paulo en febrero de 2025. El colegiado consideró que el defecto frustró la principal ventaja de la tarifa superior y presumió el daño moral, aunque rechazó la devolución parcial del billete porque los viajeros no lograron acreditar de forma individualizada la relación entre cada asiento y la avería, y porque disfrutaron de otras prestaciones como mayor espacio, prioridad de embarque, franquicia ampliada y acceso a salas VIP. La regulación europea aprobada esta semana queda ahora a la espera del visto bueno del Consejo, previsto para principios de agosto; entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE y concederá un año de adaptación a Estados y operadores.