El Tribunal de Apelación de París confirmó este martes la culpabilidad de Marine Le Pen por malversación de fondos del Parlamento Europeo, pero redujo la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La sentencia original de marzo de 2025 imponía cinco años de veto inmediato; la nueva resolución fija 45 meses de prohibición, de los cuales 30 quedan en suspenso. En la práctica, el impedimento se limita a 15 meses, que expirarían antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales prevista para abril de 2027. Sin embargo, la condena mantiene un año de prisión que deberá cumplirse con brazalete electrónico, una restricción que la propia Le Pen ha calificado como incompatible con una campaña en libertad.

Desde la óptica de la defensa, la líder de la Agrupación Nacional siempre negó la existencia de un sistema organizado para desviar fondos europeos y atribuyó el fallo inicial a una decisión política. Durante el proceso de apelación, según fuentes judiciales en París, Le Pen admitió fallos organizativos en su partido, pero rechazó cualquier intención fraudulenta. La corte, no obstante, consideró probado que entre 2004 y 2016 se utilizaron de forma sistemática asignaciones para asistentes parlamentarios con el fin de pagar a personal que trabajaba en Francia para el partido, causando un perjuicio al erario comunitario estimado en 3,2 millones de euros.

En el plano político francés, la decisión mantiene abierta la incógnita sobre la candidatura presidencial. Le Pen ha reiterado que no competirá si debe portar un dispositivo de vigilancia, pues ello limitaría su movilidad para actos de campaña. Su entorno más cercano, según analistas políticos en París, ya prepara el escenario en el que el joven presidente del partido, Jordan Bardella, de 30 años, asuma la candidatura. Las encuestas sitúan a ambos por delante de sus rivales en intención de voto, con una ventaja de hasta 20 puntos sobre el siguiente aspirante en la primera vuelta, lo que convierte a la Agrupación Nacional en favorita para disputar la segunda vuelta.

Desde Bruselas, el caso se observa como un test sobre la capacidad de las instituciones europeas para proteger sus intereses financieros frente a formaciones euroescépticas. La sentencia ratifica la existencia de un perjuicio millonario al presupuesto comunitario y, al mismo tiempo, deja en manos de la dirigente la decisión final sobre su participación electoral. La presidenta de los Socialistas Europeos, Iratxe García Pérez, subrayó en Estrasburgo que, más allá de quién sea el candidato, la amenaza que representan las políticas de la extrema derecha para el proyecto europeo sigue intacta.

Le Pen tiene previsto comparecer esta noche en la cadena TF1 para comunicar su decisión definitiva. Mientras, la Agrupación Nacional mantiene un doble dispositivo de campaña, a la espera de que se despeje la incógnita sobre si será la veterana dirigente o su delfín quien encabece la candidatura en unos comicios que, por primera vez en una década, no contarán con Emmanuel Macron en la papeleta.