El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este jueves que la ley de amnistía española para los implicados en el proceso independentista catalán de 2017 es compatible con el derecho comunitario. La corte con sede en Luxemburgo consideró que la norma, aprobada en 2024 para reducir las tensiones institucionales y facilitar la reconciliación, no vulnera la protección de los intereses financieros de la UE ni la directiva antiterrorista. La decisión responde a dos cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles y, según fuentes judiciales europeas, allana el camino para que el Tribunal Constitucional español se pronuncie en los próximos meses sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación que pesa sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont, aún en Bélgica.

Desde el gobierno de Pedro Sánchez, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, afirmó que la sentencia confirma que la ley “es conforme al derecho europeo” y que ha valido la pena pese al rechazo de una parte de la ciudadanía. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, instó a los tribunales a aplicar la amnistía de forma “diligente, integral y sin subterfugios”. En el campo independentista, Junts y ERC celebraron una “victoria rotunda” y urgieron al Tribunal Constitucional a resolver sin dilaciones, al tiempo que advirtieron que el conflicto político con España no está cerrado y que no renuncian a la unilateralidad. La oposición conservadora, encabezada por el Partido Popular, sostuvo que el fallo no absuelve la “gravísima irresponsabilidad” del separatismo y reiteró su exigencia de elecciones anticipadas.

La resolución europea no implica el regreso inmediato de Puigdemont, ya que el Tribunal Supremo español mantiene una orden de detención por malversación al considerar que los hechos afectaron los intereses financieros de la UE, criterio que el TJUE no comparte. El Constitucional deberá decidir si ese delito queda cubierto por la amnistía, en un contexto en que centenares de personas ya se han beneficiado de la medida. Analistas en Bruselas señalan que la sentencia refuerza la posición del gobierno de Sánchez en el plano jurídico europeo, pero no disipa la fragilidad parlamentaria de un ejecutivo que depende del apoyo de las formaciones independentistas.

En paralelo, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que Begoña Gómez, esposa del presidente, será juzgada por tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, aunque levantó la prohibición de salida del país y sobreseyó los cargos de corrupción en los negocios. La causa, impulsada por una denuncia de una organización vinculada a la extrema derecha, investiga si Gómez utilizó su posición para obtener ventajas profesionales en la Universidad Complutense. Este proceso se suma a la reciente condena por tráfico de influencias del hermano del presidente, David Sánchez, y a los casos de corrupción que afectan a antiguos colaboradores estrechos del jefe del Ejecutivo. La fecha del juicio contra Gómez aún no ha sido fijada, mientras el gobierno insiste en que agotará la legislatura.