Dos organizaciones estadounidenses de defensa de los derechos humanos —Democracy for the Arab World Now (DAWN) y Taxpayers Alliance Against Genocide— presentaron una demanda en un tribunal federal de Manhattan contra la administración de Donald Trump. La acción judicial sostiene que la orden ejecutiva 14203, que impone sanciones financieras y migratorias a jueces, fiscales y colaboradores de la Corte Penal Internacional (CPI), así como a varias ONG palestinas, vulnera la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Según el texto de la demanda, las restricciones obligan a los demandantes a interrumpir su labor de documentación de presuntos crímenes de guerra, a cesar el contacto con personas sancionadas y a abandonar actividades de incidencia política por temor a multas o procesos penales.

Desde la óptica de los demandantes, la Casa Blanca está utilizando un instrumento de coerción económica —originalmente diseñado para emergencias nacionales— con el fin de “vigilar la expresión política de millones de estadounidenses”, en palabras del director ejecutivo de DAWN, Omar Shakir. La demanda argumenta que la orden ejecutiva excede los límites de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la cual excluye expresamente las comunicaciones personales de carácter no comercial. Por su parte, el Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio, ha defendido las sanciones como una respuesta necesaria frente a lo que califica de “acciones ilegítimas e infundadas” de la CPI contra Estados Unidos y su aliado Israel. Rubio anunció además una ofensiva diplomática para “desmantelar” el tribunal con sede en La Haya, incluyendo presiones a terceros países para que retiren su apoyo a la corte.

El litigio se inscribe en un contexto más amplio de fricciones entre el poder ejecutivo estadounidense y los límites constitucionales a la política exterior. En un caso paralelo, un juez federal bloqueó temporalmente otra política migratoria de la administración Trump que permitía denegar visados o deportar a investigadores extranjeros dedicados a la moderación de contenidos y la lucha contra la desinformación, al considerar que también vulneraba la Primera Enmienda. Analistas jurídicos en Estados Unidos advierten que, de prosperar la interpretación expansiva del ejecutivo, cualquier futuro presidente podría declarar una emergencia nacional para cortar los vínculos entre ciudadanos estadounidenses y organizaciones extranjeras críticas con su agenda. Desde Europa, la campaña de Washington ha generado inquietud en el seno de la CPI, cuyos jueces sancionados han visto congeladas sus cuentas y restringido su acceso a servicios financieros y plataformas digitales estadounidenses.

La demanda, que tiene como demandados al presidente Trump, al secretario de Estado Rubio, al secretario del Tesoro Scott Bessent y a otros altos funcionarios, se encuentra en su fase inicial ante la corte federal de Nueva York. Mientras tanto, la administración mantiene su hoja de ruta para debilitar a la CPI, con llamadas diplomáticas a gobiernos que se benefician del paraguas de seguridad estadounidense y la amenaza de nuevas sanciones. El caso reaviva el debate sobre la relación entre la jurisdicción internacional y la soberanía nacional, un tema que en América Latina ha tenido ecos propios a raíz de las investigaciones de la CPI sobre situaciones en la región. Se espera que en las próximas semanas el tribunal neoyorquino se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por los demandantes.