El tribunal de Génova emitió este jueves las primeras condenas por el desplome del viaducto Polcevera, ocurrido el 14 de agosto de 2018. Giovanni Castellucci, ex consejero delegado de Autostrade per l’Italia (ASPI), recibió una pena de 12 años de prisión por homicidio vehicular y negligencia, por debajo de los 18 años y medio solicitados por la fiscalía. Otros 31 imputados —entre ellos Michele Donferri Mitelli, responsable de mantenimiento, condenado a 11 años, y Mauro Coletta, ex director de vigilancia del Ministerio de Infraestructuras, a 5 años— fueron hallados culpables, mientras que 25 resultaron absueltos o vieron extinguida su responsabilidad por prescripción. Las penas suman en conjunto más de un siglo de cárcel, aunque todas son recurribles en al menos dos instancias superiores.

La acusación, sostenida por la fiscalía de Génova, atribuyó el siniestro a una política sistemática de postergación de tareas de mantenimiento para maximizar dividendos. Según la investigación, entre 1967 y 2018 no se realizaron intervenciones mínimas en los tirantes del pilón número 9, cuyo colapso arrastró 200 metros de tablero. La defensa, en cambio, argumentó que la causa fue un defecto oculto de diseño —la corrosión de cables envueltos en hormigón— imposible de detectar con los protocolos habituales. Los abogados de Castellucci anunciaron que apelarán, al considerar que se criminaliza la posición jerárquica sin prueba de una omisión individual directa.

Desde la óptica de analistas jurídicos en Italia, el fallo consolida una tendencia a extender la responsabilidad penal a los máximos directivos por fallas sistémicas, en línea con la condena firme de Mauro Moretti por el desastre ferroviario de Viareggio. En círculos de infraestructura europeos se observa que el caso reabre el debate sobre el equilibrio entre rentabilidad privada y supervisión pública en concesiones viales. La empresa ASPI, controlada entonces por la familia Benetton a través de Atlantia, fue posteriormente renacionalizada tras un acuerdo que incluyó el pago de 29 millones de euros al Estado y una indemnización a las víctimas. La víspera del veredicto, el actual consejero delegado de ASPI pidió disculpas públicas por primera vez, gesto que los familiares calificaron de tardío.

El puente Morandi, inaugurado en 1967 como emblema de la ingeniería italiana, se derrumbó en plena tormenta estival, en vísperas del feriado de Ferragosto, y conmocionó al país. En su lugar se levanta desde 2020 el puente San Giorgio, diseñado por Renzo Piano, con 43 luminarias en memoria de las víctimas. El tribunal dispone ahora de seis meses para publicar los fundamentos de la sentencia, mientras las partes preparan los recursos ante la Corte de Apelación de Génova y, previsiblemente, el Tribunal Supremo.