Casi un tercio de los adultos en Brasil utiliza hoy la tarjeta de crédito para cubrir despesas del día a día, según el primer Mapa de Crédito de Serasa, mientras que en Argentina la morosidad en préstamos personales roza el 11%, muy por encima del 3% considerado normal. Estos datos, junto con un endeudamiento familiar que en Brasil alcanza al 81,6% de los hogares, dibujan un cambio estructural: el crédito al consumo ha dejado de ser un instrumento de adquisición de bienes durables para convertirse en un amortiguador de la pérdida de poder adquisitivo. Analistas en São Paulo señalan que la combinación de inflación persistente, tasas de interés elevadas y estancamiento de los ingresos reales empuja a las familias a financiar con plástico desde el supermercado hasta las cuentas de servicios, un patrón que también se observa en los microcréditos argentinos, donde los montos impagos rara vez superan los 900.000 pesos y se destinan a colegios, alquiler o alimentos.

En Kenia, la paradoja es distinta: la inclusión financiera alcanza al 84,8% de los adultos gracias a plataformas móviles, pero la alfabetización financiera se estanca en torno al 44% y solo un 36% ahorra formalmente. Esta brecha se traduce en una demanda de productos más sofisticados por parte de los hogares de mayores ingresos, que migran de los seguros educativos tradicionales a fondos de inversión especiales con exposición internacional, mientras que las pequeñas empresas enfrentan una brecha de financiamiento estimada en 3,3 billones de chelines kenianos. Al mismo tiempo, la retirada de incentivos fiscales a la vivienda asequible —con la eliminación de la tasa corporativa reducida y las exenciones de IVA a insumos de construcción— amenaza con encarecer los proyectos y trasladar el costo a los compradores, según advierten promotores en Nairobi.

Desde Teherán, el economista Masoud Nili describe una economía que desde 2008 no ha recuperado la senda de crecimiento previa, con un ingreso nacional bruto estancado pese a un aumento de 16 millones de habitantes. En ese contexto, apenas el 4% de la población dispone de herramientas como tarjetas de crédito para gestionar liquidez, y el sistema bancario asigna el 65% de los préstamos a capital de trabajo, lo que revela una financiación orientada a la supervivencia empresarial más que a la expansión. Nili aboga por migrar de un modelo de garantías reales a uno basado en datos, aprovechando los 50.000 millones de transacciones bancarias anuales, para atender a ese 40% de hogares de ingreso medio que, según sus cálculos, tiene capacidad de pago pero carece de acceso al crédito formal.

Las respuestas regulatorias y tecnológicas comienzan a perfilarse. En Brasil, el Open Finance ya supera los 100 millones de consentimientos activos y las plataformas de crédito digital expandieron su cartera empresarial un 68% en el último año, apoyándose en garantías de recebibles que agilizan el flujo de caja. En Kenia, el gobierno reformuló la concesión de la autopista Nairobi-Mombasa, descartando un proyecto greenfield de 468.000 millones de chelines por su inviabilidad financiera y optando por ampliar la vía existente con peaje, mientras que las estaciones de carga para vehículos eléctricos empiezan a extenderse más allá de la capital para viabilizar el transporte interurbano. El próximo hito será la entrada en vigor de la Ley de Finanzas keniana de 2026, que elimina beneficios fiscales a la construcción de vivienda, y la meta oficial de que el 30% de las motocicletas sean eléctricas para finales del próximo año, lo que pondrá a prueba la capacidad de los modelos de franquicia de baterías intercambiables para escalar fuera de los núcleos urbanos.