La mañana del miércoles 1 de julio, la sede de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) en Fráncfort amaneció sitiada por más de 150 agentes de la policía criminal de Renania del Norte-Westfalia. El registro, que se extendió a ayuntamientos y administraciones de las diez ciudades anfitrionas de la Eurocopa 2024, irrumpió en la escena apenas 36 horas después de que la Mannschaft cayera eliminada en los penaltis ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La coincidencia temporal subraya la profundidad de la crisis que atraviesa el fútbol alemán, atrapado entre el fracaso deportivo y un nuevo escándalo institucional.

La investigación, coordinada por la fiscalía de Bochum, se centra en la empresa Euro 2024 GmbH —sociedad conjunta de la DFB y la UEFA— y en dos sospechosos: un ciudadano alemán de 66 años, exempleado del municipio de Gelsenkirchen, y un ciudadano francés de 46 que dirigía las relaciones con las sedes. Según los investigadores, el responsable francés habría invitado a responsables locales a partidos de alto perfil, mientras que el exempleado de Gelsenkirchen obtuvo un beneficio económico de unos 2.400 euros al recibir entradas, viaje y alojamiento para la semifinal entre España y Francia en Múnich. La fiscalía sospecha que se trató de un sistema estructurado de concesión de ventajas indebidas, con miles de entradas y paquetes de hospitalidad presuntamente asignados de forma ilegal a invitados privilegiados.

Desde la óptica de los analistas en Europa, el caso agrava la sensación de descomposición en el fútbol alemán, que en la última década ha visto cómo las investigaciones judiciales salpicaban repetidamente a la DFB, desde el escándalo de los pagos opacos del Mundial 2006 hasta la condena por evasión fiscal en 2023. La eliminación en Norteamérica —tercer fracaso consecutivo en una Copa del Mundo tras los fiascos en fase de grupos de 2018 y 2022— ya había desatado críticas internas. Ahora, el registro policial añade un capítulo judicial que, en palabras del ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul, no quedará sin consecuencias: “Una entrada de fútbol no es parte del salario. Quien en el servicio público tiende la mano, recibirá nuestra visita”.

Los agentes peinaron dependencias municipales en Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Colonia, Hamburgo, Berlín, Fráncfort, Stuttgart y Múnich, además de tres empresas privadas y la propia central de la DFB. En Leipzig se notificó una orden de entrega de documentación. La fiscalía subrayó que los sospechosos aún no han tenido oportunidad de responder a las acusaciones y que gozan de la presunción de inocencia. Mientras la Mannschaft regresaba de América con el sabor amargo de otro adiós prematuro, la justicia alemana abría un frente que amenaza con prolongar la inestabilidad institucional justo cuando el fútbol germano necesita reconstruir su credibilidad deportiva y organizativa.