El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitirá esta semana un conjunto de fallos que pondrá a prueba los límites del poder presidencial y las normas electorales, en un momento de intensa polarización política a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre. Los siete casos pendientes incluyen la autoridad del presidente para destituir a miembros de la Reserva Federal y otras agencias independientes, la restricción de la ciudadanía automática por nacimiento y la validez de plazos más estrictos para el voto por correo. Los dictámenes se esperan a partir del lunes 29 de junio, según fuentes judiciales, y coinciden con una serie de reveses en tribunales inferiores contra las medidas impulsadas por la administración Trump para modificar el sistema electoral.

Las posiciones enfrentadas reflejan un profundo debate institucional. Por un lado, el gobierno de Donald Trump sostiene que la Constitución otorga al presidente un control pleno sobre los funcionarios del poder ejecutivo, incluidos aquellos con protecciones legales como la gobernadora de la Fed Lisa Cook, cuyo cese alega supuestas irregularidades en una solicitud hipotecaria. La Casa Blanca también defiende la necesidad de exigir prueba de ciudadanía para registrarse como votante y restringir la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados, una medida que afectaría a unos 250.000 niños al año. Frente a esta postura, fiscales estatales, organizaciones de derechos civiles y una minoría de senadores republicanos han resistido. Un juez federal bloqueó recientemente el uso de una base de datos migratoria para verificar la elegibilidad electoral, al considerar que violaba la privacidad y “pisoteaba el sagrado derecho al voto”.

Los efectos prácticos de las decisiones podrían ser de gran alcance. Si el Supremo avala la destitución de Cook, se abriría un camino inédito para que la Casa Blanca influya en la política monetaria, según advierten analistas en Washington y Fráncfort. Una sentencia que limite la ciudadanía por nacimiento implicaría una reinterpretación radical de la Decimocuarta Enmienda, con consecuencias para millones de familias inmigrantes. En el ámbito electoral, eliminar los márgenes de gracia para el voto postal —presentes en 29 estados— podría reavivar las disputas postelectorales y sembrar incertidumbre logística, como ya alertó la vicepresidenta del Centro Brennan para la Justicia, al señalar que la administración “intenta inyectar caos en el ciclo electoral”.

El contexto internacional añade capas de preocupación: desde la óptica europea y latinoamericana, donde la autonomía de los bancos centrales y la integridad electoral son pilares democráticos, observadores siguen con inquietud los intentos de alterar reglas consolidadas. El tribunal, de mayoría conservadora, ya ha mostrado matices: respaldó recientemente al gobierno en dos casos de inmigración pero rechazó sus aranceles de emergencia. Con la sesión judicial a punto de concluir, el país aguarda unos dictámenes que marcarán el pulso entre el poder presidencial y los contrapesos institucionales, con el calendario electoral como telón de fondo.