El Tribunal Supremo de Corea del Sur confirmó este jueves de forma definitiva la pena de siete años de prisión contra el expresidente Yoon Suk Yeol por delitos vinculados a su fallida declaración de ley marcial en diciembre de 2024. La máxima instancia judicial desestimó todos los recursos y consideró que la sentencia de la corte de apelaciones —que en abril había elevado la condena de cinco a siete años— no contenía errores de interpretación jurídica. Los cargos abarcan la obstrucción a su propia detención en enero de 2025, cuando ordenó al servicio de seguridad presidencial bloquear a los investigadores que portaban una orden judicial, así como la falsificación de firmas del primer ministro, la distribución de un comunicado engañoso a medios extranjeros y la destrucción de registros telefónicos militares.

La defensa del exmandatario expresó su “profundo pesar” y anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional mediante una demanda de inconstitucionalidad, al considerar que el Supremo resolvió “sin deliberación suficiente”. Yoon, de 65 años, ha sostenido en todo momento que la proclamación de la ley marcial respondía al interés nacional y era necesaria para erradicar “fuerzas antiestatales”. La fiscalía, que había solicitado diez años de cárcel, respetó el fallo y aseguró que concentrará sus esfuerzos en los procesos restantes por insurrección. Desde la óptica de Seúl, analistas políticos subrayan que esta es la primera decisión firme del máximo tribunal sobre el expresidente y que sienta un precedente sobre los límites del poder ejecutivo en situaciones de excepción.

La condena se inserta en una cascada de procesos judiciales derivados de la crisis política desatada por aquella alocución televisada de madrugada. La ley marcial apenas duró seis horas: la Asamblea Nacional la anuló de emergencia, pero el episodio provocó protestas masivas, desplomes bursátiles y tomó por sorpresa a aliados como Estados Unidos. Yoon fue destituido en abril de 2025, lo que dio paso a elecciones anticipadas que llevaron a la presidencia a Lee Jae Myung, del Partido Democrático de centroizquierda. En procedimientos separados, el exmandatario ya cumple cadena perpetua por liderar una insurrección y otros 30 años de prisión por enviar drones a Pyongyang en 2024 con el fin, según el tribunal, de fabricar una crisis que justificara la medida marcial.

Observadores en Bruselas y Washington interpretan la sucesión de fallos como una señal de la resiliencia institucional surcoreana y de la independencia de su poder judicial frente a presiones políticas. El dossier judicial de Yoon, no obstante, sigue abierto: enfrenta al menos otros siete procesos, y sus abogados han adelantado que agotarán todas las vías constitucionales. La presentación de la demanda ante el Tribunal Constitucional se espera en las próximas semanas, mientras la atención se desplaza hacia el impacto que estas sentencias puedan tener en la estabilidad política de la península y en la relación de Seúl con sus socios estratégicos.