Amnistía Internacional solicitó este jueves la apertura de investigaciones por crímenes de guerra sobre tres ataques aéreos israelíes contra viviendas civiles en el sur del Líbano, ocurridos entre el 6 y el 13 de marzo en los distritos de Tiro, Sidón y Nabatiye. Según la organización, con sede en Londres, las incursiones causaron la muerte de 24 civiles —12 de ellos niños— y, con base en entrevistas a 15 personas, análisis de imágenes satelitales y revisión de redes sociales, concluye que existirían fundamentos razonables para afirmar que las fuerzas israelíes violaron el derecho internacional humanitario, al no distinguir entre objetivos militares y civiles o al no adoptar todas las precauciones factibles para minimizar el daño a la población.

Las autoridades israelíes, consultadas por la ONG, indicaron que algunas de las operaciones estaban dirigidas contra objetivos militares de Hezbolá y que otros casos habían sido remitidos a revisión interna, al tiempo que reafirmaron su compromiso de mitigar el daño civil. Sin embargo, Amnistía Internacional subrayó que, pese a los requerimientos, el ejército israelí no proporcionó información detallada sobre los blancos precisos de esas tres incursiones. La escalada se desencadenó el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó cohetes hacia Israel en respaldo de Irán, lo que dio paso a una ofensiva israelí con bombardeos masivos y una invasión terrestre que, según el Ministerio de Salud Pública libanés, ha dejado más de 4.300 fallecidos, entre ellos más de 250 niños. Un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, seguido de un acuerdo marco entre Líbano e Israel el 26 de junio, estableció un cese de hostilidades, pero las tropas israelíes permanecen desplegadas hasta diez kilómetros de la frontera y continúan realizando ataques puntuales.

En paralelo, la violencia persiste en la Franja de Gaza a pesar de la tregua mediada por Estados Unidos que rige desde octubre de 2025. El miércoles, fuentes médicas palestinas reportaron la muerte de al menos ocho personas —entre ellas dos niños de 10 y 6 años— en una serie de bombardeos y disparos en distintos puntos del enclave. Un ataque aéreo alcanzó una tienda de campaña para desplazados en Al-Mawasi, zona previamente designada como segura, y otro impactó un vehículo en el barrio de Sabra, en ciudad de Gaza, donde falleció un organizador de proyecciones públicas del Mundial de Fútbol que trabajaba para un comité humanitario egipcio. El ejército israelí afirmó que esa operación tenía como blanco a un miliciano de Hamás y que se investiga si el conductor del vehículo era el objetivo; el hospital Al Shifa, en cambio, indicó que el conductor era un taxista sin afiliación a facciones armadas. Desde la entrada en vigor de la tregua, el Ministerio de Salud gazatí —cuyas cifras Naciones Unidas considera fiables— ha registrado al menos 1.084 palestinos muertos y 3.491 heridos por acciones israelíes, mientras que Israel reporta la muerte de cinco soldados y un contratista de defensa en el mismo período.

Desde la óptica de organizaciones humanitarias y de derechos humanos, la acumulación de incidentes con alto costo civil en ambos escenarios revela un patrón de presuntas violaciones del principio de distinción y de las obligaciones de precaución, lo que ha llevado a Amnistía Internacional a reclamar un embargo integral de armas a Israel y a instar a los Estados a ejercer la jurisdicción universal y extraterritorial para perseguir a los responsables. Analistas en Oriente Medio advierten que la fragilidad de los acuerdos de cese de hostilidades —tanto el marco libanés-israelí como la tregua en Gaza— se ve agravada por la continuidad de las operaciones militares y la expansión del control territorial israelí más allá de las líneas pactadas, lo que, según agencias de la ONU, dificulta la asistencia humanitaria y multiplica el riesgo de enfermedades en campamentos superpoblados. El expediente queda abierto a la espera de que instancias judiciales nacionales o internacionales evalúen la documentación presentada, mientras el Consejo de Seguridad no ha programado por ahora una sesión específica sobre estas denuncias.