El presidente Donald Trump anunció el miércoles que solicitará de inmediato a la Corte Suprema de Estados Unidos que reconsidere su decisión de finales de junio, cuando por seis votos contra tres declaró inconstitucional la orden ejecutiva que pretendía restringir la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados y de visitantes temporales. La petición de una nueva audiencia —un mecanismo previsto en las reglas del tribunal que debe presentarse en un plazo de veinticinco días y requiere la aprobación de la mayoría de los nueve jueces— es considerada por analistas en Washington como un movimiento de escasas posibilidades jurídicas, ya que la Corte no ha reabierto un caso ya fallado en unos sesenta años.

Desde la óptica de la Casa Blanca, el fallo representa lo que Trump calificó como un “error judicial” que “destruirá Estados Unidos”. En su plataforma Truth Social, el mandatario denunció la existencia de anuncios en la frontera con México que ofrecerían partos desde 4.000 dólares para obtener la nacionalidad, y sentenció que “la ciudadanía estadounidense no está en venta”. La mayoría del tribunal, encabezada por el presidente John Roberts, sostuvo en cambio que la Decimocuarta Enmienda —adoptada tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía a los afroamericanos— extiende su promesa a “toda persona nacida libre en esta tierra”, sin distinguir la situación migratoria de los padres. El voto particular del juez Brett Kavanaugh añadió que la orden ejecutiva también violaba leyes federales.

La decisión de la Corte Suprema unificó un panorama que hasta entonces había sido fragmentado: una resolución previa de junio de 2025 había permitido que en veintiocho estados se aplicara la restricción mientras que en otros veintidós se mantenía el criterio tradicional, generando un mosaico jurídico que el fallo definitivo resolvió al reafirmar el principio de ‘ius soli’ consagrado desde 1868. Organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos celebraron la sentencia como una salvaguarda frente a lo que consideraban una reinterpretación restrictiva de la Enmienda, mientras que el ala más conservadora del Partido Republicano insiste en que el texto original solo buscaba proteger a los descendientes de esclavos, no fomentar lo que denominan “turismo de nacimiento”.

Observadores en América Latina señalan que el debate reaviva tensiones migratorias de larga data, especialmente en países como México y Centroamérica, cuyos nacionales son los principales afectados por cualquier cambio en la doctrina del ‘ius soli’. Desde la perspectiva europea, donde la mayoría de los estados aplican el principio de ‘ius sanguinis’, la controversia estadounidense ilustra cómo las concepciones de pertenencia nacional se tensan en contextos de alta movilidad humana. Trump ha anticipado que, en paralelo a la improbable vía judicial, impulsará una reforma legislativa en el Congreso para modificar la Decimocuarta Enmienda, un camino que requeriría mayorías cualificadas y que, según analistas legislativos en Washington, carece por ahora de los votos necesarios. El expediente judicial se mantiene abierto a la espera de la presentación formal de la solicitud de revisión, un trámite que, de ser denegado, dejaría firme la interpretación constitucional vigente.