La operación bautizada como “Sahwa al-Fajr” (El Despertar del Amanecer) ha sacudido el escenario político iraquí con la detención de al menos 21 altos cargos —entre ellos una docena de parlamentarios en funciones— y la incautación de sumas millonarias en efectivo, oro y propiedades. En Tikrit, las fuerzas de seguridad hallaron nueve bidones de plástico para agua que contenían cada uno alrededor de mil millones de dinares iraquíes, junto a otros cinco recipientes repletos de oro, según reportes de prensa local. De forma paralela, una verificación periodística desmintió un video viral que pretendía mostrar el conteo de esos fondos por agentes iraquíes; las imágenes procedían en realidad de una cuenta de Instagram radicada en Ucrania y habían sido publicadas meses antes sin relación alguna con Irak.

El Consejo Superior de la Judicatura iraquí informó que solo en el domicilio del viceministro de Petróleo para Asuntos de Distribución, Ali al-Bahadli, se decomisaron 11 millones de dólares y 4 000 millones de dinares. En la vivienda de la diputada Alia Nassif, las autoridades afirmaron haber encontrado más de 20 000 millones de dinares y cantidades significativas de oro; su hijo, quien fuera jefe de gabinete del anterior primer ministro, también fue arrestado. Mientras el portavoz del Gobierno, Haider al-Aboudi, cifró en 21 los detenidos y aseguró que las confesiones están conduciendo a nuevas redes, medios iraquíes elevaron la cifra a 47 sospechosos, entre ellos las parlamentarias Hind al-Abbasi y Bushra al-Qaisi, aunque sin que se les atribuyeran bienes específicos de forma oficial.

Desde la óptica de analistas israelíes, la investigadora Elizabeth Tsurkov —quien permaneció secuestrada por una milicia proiraní en Irak— calificó la ofensiva como una “aplicación selectiva de la ley”. En sus valoraciones, recogidas por la prensa hebrea, Tsurkov sostiene que la campaña se concentra en el círculo del ex primer ministro Mustafa al-Kadhimi y en figuras suníes de la coalición Azm, mientras que los “grandes centros de corrupción”, como el ex primer ministro Nuri al-Maliki y las milicias respaldadas por Irán, permanecen intocados. En la misma línea, el analista de Oriente Medio Ali Mamouri, consultado por medios persas, vinculó las detenciones con un intento del nuevo Gobierno de exhibir firmeza ante una moneda en caída libre y dificultades para pagar salarios, al tiempo que se lanza un ultimátum a las facciones armadas chiíes para que entreguen sus armas antes de octubre de 2026, fecha que coincide con el fin de la misión de la coalición internacional liderada por Estados Unidos.

Las investigaciones, que según la judicatura comenzaron a finales de 2025, continúan abiertas y se esperan nuevas detenciones. Washington ya había acusado previamente a algunos de los detenidos de contrabando de petróleo iraní y financiación de milicias. El expediente judicial se amplía mientras el Gobierno de Bagdad intenta proyectar una política de “tolerancia cero”, aunque la percepción de selectividad política, subrayada por observadores en Bruselas y en las capitales de la región, podría condicionar la credibilidad del proceso ante una ciudadanía que exige el fin de la impunidad sistémica.