El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó este martes que los estados pueden prohibir a las atletas transgénero participar en competiciones deportivas femeninas en escuelas y universidades. La decisión, que avala las leyes de Idaho y Virginia Occidental, se sustentó por unanimidad en que dichas normas no violan el Título IX —la ley federal que prohíbe la discriminación sexual en la educación— y por una mayoría conservadora de seis votos contra tres en que tampoco infringen la cláusula de igual protección de la Decimocuarta Enmienda. A partir de este fallo, más de la mitad de los estados del país, todos ellos de mayoría republicana, podrán exigir que los equipos deportivos se conformen según el sexo biológico asignado al nacer y no conforme a la identidad de género.

Desde la administración del presidente Donald Trump, que intervino en el litigio en respaldo de los estados, se calificó la sentencia como una “gran victoria”. La Casa Blanca difundió un mensaje en el que afirmó que “a partir de ahora, los deportes femeninos serán solo para mujeres”. El propio mandatario, que en 2025 firmó una orden ejecutiva para “mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos”, celebró en su red social Truth Social que se hubiera puesto fin a una “situación ridícula”. En la misma línea, organizaciones conservadoras estadounidenses argumentaron que las restricciones son necesarias para preservar la equidad competitiva y la seguridad de las deportistas, citando diferencias biológicas en fuerza, masa muscular y capacidad pulmonar.

En contraste, colectivos de derechos civiles y las tres juezas progresistas del tribunal —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— expresaron su desacuerdo parcial. La jueza Sotomayor, en su voto discrepante, sostuvo que la decisión de la mayoría “se basa en suposiciones y no en hechos”. Los demandantes, dos jóvenes transgénero que habían obtenido fallos favorables en instancias inferiores, argumentaron que las prohibiciones discriminan por razón de sexo y condición transgénero, y que las atletas que reciben tratamiento de supresión de testosterona no conservan una ventaja física injusta. Para estas organizaciones, la sentencia estigmatiza a un grupo reducido de estudiantes vulnerables y convierte la participación deportiva infantil en un campo de batalla político.

El fallo se inscribe en una serie de decisiones del alto tribunal que han restringido derechos de las personas transgénero en los últimos años, como la validación en 2025 de las leyes estatales que prohíben los tratamientos de afirmación de género para menores. La mayoría conservadora de la corte ha respaldado de manera consistente la facultad de los estados para legislar en esta materia. A escala internacional, el Comité Olímpico Internacional anunció en marzo que las mujeres transgénero no podrán competir en las categorías femeninas de los Juegos Olímpicos, citando un consenso científico sobre la ventaja del sexo masculino en pruebas de fuerza y resistencia. Analistas en Europa señalan que, si bien el debate existe, en varios países del continente las políticas de inclusión deportiva se definen caso por caso o con base en niveles hormonales, sin una prohibición generalizada. Con esta sentencia, el Tribunal Supremo cierra la vía judicial federal para impugnar las leyes estatales, aunque la controversia política y social continúa, y se espera que los estados sin restricciones mantengan sus propias normativas.