El Partido Popular español ha modificado su planteamiento inicial sobre el absentismo laboral. Tras calificar las bajas fraudulentas como un “cáncer” para la economía y sugerir un recorte en las prestaciones que complementan el salario hasta el 100%, la formación ha pasado a defender incentivos colectivos a las plantillas que reduzcan las ausencias. Según detallan fuentes del propio partido, la propuesta busca introducir “elementos de flexibilidad” en la negociación colectiva para alinear los estímulos, después de escuchar a sectores productivos que se declaran “asfixiados” por un coste que en España ha pasado de 14.000 a 33.000 millones de euros desde 2018.

La reacción del Gobierno español y de los sindicatos mayoritarios fue inmediata. El presidente Pedro Sánchez sentenció que la propuesta inicial dejaba claro “de qué lado está” el PP, mientras que la vicepresidenta Yolanda Díaz afirmó que “estar enfermo no es una elección”. Desde las centrales sindicales, Unai Sordo (CCOO) acusó a Feijóo de “querer mandar a la gente a trabajar enferma” y Pepe Álvarez (UGT) reprochó no distinguir entre absentismo y baja médica justificada. En el trasfondo, la patronal CEOE mantiene su reivindicación de que la Seguridad Social asuma todo el coste de las bajas, pese a que España figura entre los países de la Unión Europea donde las empresas soportan menos días de pago directo.

Este debate se inscribe en una tensión más amplia que recorre varias economías occidentales. En Suecia, el Partido de Izquierda defiende combinar salarios más altos con más personal, horarios sostenibles y la eliminación del descuento por primer día de enfermedad, mientras los moderados suecos condicionan cualquier rebaja de tarifas del transporte público a que exista financiación real y no simples “promesas electorales”. En Italia, economistas progresistas como Giovanni Dosi reclaman un “pacto por el trabajo” que incluya salario mínimo, limitación de la temporalidad y responsabilidad integral de las empresas contratistas, junto con una sanidad y una educación públicas financiadas al nivel de la media europea. Desde Washington, analistas fiscales advierten de que las propuestas de gasto social expansivo —transporte gratuito, sanidad universal, vivienda pública— chocan con una deuda federal que ya roza los 40 billones de dólares y con déficits anuales superiores al billón, lo que obliga a preguntar “cómo se va a pagar” cada nuevo programa.

Los datos disponibles muestran que el incremento del gasto en incapacidad temporal no es exclusivo de España. La factura de los procesos de IT se ha más que duplicado en seis años, y de los 1,6 millones de ausencias diarias, más de 1,2 millones están justificadas por baja médica. En paralelo, los gobiernos regionales suecos defienden que las inversiones en atención primaria —260 millones de coronas adicionales en Östergötland, por ejemplo— ya están mejorando la accesibilidad telefónica y reduciendo la dependencia de médicos temporales, aunque reconocen que el objetivo de contestar el 95% de las llamadas aún no se ha alcanzado. La Comisión Europea y la OCDE colaboran actualmente con el Ejecutivo español en el estudio de casos de éxito en la gestión del absentismo, mientras en Italia las propuestas de pacto laboral y refuerzo del Estado del bienestar permanecen, por ahora, fuera de la agenda parlamentaria inmediata.