Estados Unidos impuso el lunes sanciones económicas a diez entidades estatales cubanas, entre ellas el Ministerio de Turismo, las Milicias de Tropas Territoriales y las Brigadas de Respuesta Rápida, con el argumento de que constituyen “instrumentos de represión” y fuentes de financiamiento del gobierno de La Habana. La decisión, comunicada por el Departamento de Estado, congela cualquier bien que esas organizaciones posean en territorio estadounidense y prohíbe a ciudadanos y empresas de ese país realizar transacciones con ellas. Como consecuencia inmediata, el Departamento del Tesoro fijó un período de liquidación hasta el 12 de agosto para que personas no estadounidenses puedan desprenderse de operaciones vinculadas a los grupos empresariales Gecomex y Gemar, un mecanismo que, según analistas en Washington, busca limitar el daño colateral sobre terceros inversores.

Desde la óptica de la administración Trump, las sanciones se enmarcan en una “iniciativa integral” para contrarrestar las “actividades malignas” del gobierno cubano y forzar reformas políticas y económicas. El secretario de Estado, Marco Rubio, vinculó explícitamente el anuncio con el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 y advirtió que Washington “seguirá utilizando todas las herramientas” disponibles. La ofensiva se suma al bloqueo petrolero impuesto en enero y a las sanciones de mayo contra el conglomerado militar Gaesa, que según fuentes oficiales estadounidenses ya ha comenzado a desprenderse de activos para eludir la presión. En paralelo, el Departamento de Justicia mantiene una acusación formal contra el expresidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996.

La Habana, a través de su canciller Bruno Rodríguez, calificó las medidas como obra de una “mafia anticubana” articulada en torno al Departamento de Estado y denunció que buscan “estrangular” a la población. Analistas en América Latina observan que el nuevo paquete apunta a sectores neurálgicos de la ya frágil economía isleña: el turismo, principal fuente de divisas; la importación de combustibles, clave ante los apagones nacionales; y el comercio exterior, canal de abastecimiento básico. La inclusión de las Milicias de Tropas Territoriales y las Brigadas de Respuesta Rápida, definidas por Washington como grupos parapoliciales, añade una dimensión política que, desde la perspectiva de gobiernos de la región como México o Brasil, podría dificultar cualquier mediación futura.

El contexto energético agrava el impacto de las sanciones. La isla sufrió dos apagones nacionales en la última semana, y la suspensión de los envíos de crudo venezolano tras la salida de Nicolás Maduro del poder ha dejado al sistema eléctrico en una situación de extrema vulnerabilidad. Las entidades sancionadas Enetec y Coreydan, dedicadas a la importación y comercialización de combustibles, quedan ahora aisladas del sistema financiero estadounidense, lo que, según expertos consultados en Madrid, podría retraer a proveedores internacionales y profundizar la crisis humanitaria. El expediente queda abierto a nuevas designaciones, mientras el gobierno cubano evalúa su respuesta formal y los inversores extranjeros se preparan para cumplir con el plazo de desinversión fijado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros.