Nayib Bukele fue designado candidato presidencial por su partido para las elecciones de febrero de 2027, tras unas primarias en las que compitió sin rivales y sin que se divulgaran cifras de participación. La postulación se sustenta en una reforma constitucional aprobada en julio de 2025 que abolió la prohibición de mandatos consecutivos, amplió el período de gobierno de cinco a seis años y suprimió la segunda vuelta electoral.

Desde San Salvador, el oficialismo presenta la candidatura como un respaldo popular a la política de seguridad que, bajo un estado de excepción vigente desde 2022, desarticuló a las pandillas y redujo los homicidios a mínimos históricos. La oposición legislativa, reducida a una minoría fragmentada, calificó la reforma como una “muerte de la democracia”. Organizaciones de derechos humanos con sede en Washington y Ginebra, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, advierten que la reelección indefinida consolida un sistema de partido hegemónico y denuncian que la lucha contra las maras se ha llevado a cabo con detenciones masivas sin orden judicial, torturas y restricciones a las libertades civiles.

Analistas en Centroamérica señalan que la ausencia de una oposición competitiva —los antiguos partidos Arena y FMLN quedaron prácticamente pulverizados en las urnas— deja al presidente sin contrapesos institucionales. La reforma de 2025, sumada al control oficialista del Congreso, la Corte Suprema y la Fiscalía, configura, según centros de estudios jurídicos en Costa Rica y México, un régimen de concentración de poder que diluye la separación de funciones. A ello se suma el deterioro de la imagen internacional del gobierno tras la detención de 252 venezolanos deportados por Estados Unidos y recluidos en la megacárcel de Tecoluca, quienes denunciaron abusos, así como el hostigamiento a defensores de derechos humanos y periodistas.

El calendario electoral establece que Bukele deberá inscribir formalmente su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral antes del 19 de noviembre de 2026. Mientras el gobierno mantiene índices de aprobación superiores al 85 % según encuestas locales, crecen las inquietudes por el costo de vida y la sostenibilidad fiscal, temas que, de acuerdo con analistas económicos en San Salvador, podrían convertirse en el principal desafío de un eventual tercer mandato.