Una jueza federal del Distrito Sur de Florida, Kathleen Williams, anuló este lunes el acuerdo extrajudicial que el presidente Donald Trump había alcanzado con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y remitió a dos de sus abogados personales a los colegios profesionales para posibles sanciones disciplinarias. La decisión, contenida en un fallo de 56 páginas, declara que la demanda por 10.000 millones de dólares presentada en enero contra la agencia tributaria —que el mandatario controla como jefe del Ejecutivo— fue interpuesta con un “propósito indebido” y constituyó un ejercicio de “mala fe” procesal. Como consecuencia inmediata, las partes quedan impedidas de invocar el pacto en cualquier procedimiento oficial, lo que deja sin efecto la cláusula que blindaba al presidente, a sus hijos mayores y a la Organización Trump frente a auditorías fiscales retroactivas.

Desde la óptica del tribunal, la demanda nunca buscó resolver una controversia real. La magistrada, designada por el expresidente Barack Obama, subrayó que el demandante principal y los demandados —el IRS y el Departamento del Tesoro— “trabajaron en tándem y en realidad nunca fueron adversarios”, violando el requisito constitucional de que exista un conflicto genuino entre las partes. Según el fallo, el litigio fue un artificio para “proporcionar cierta legitimidad” a un acuerdo que confería inmunidad a personas y entidades afiliadas al presidente y reservaba miles de millones de dólares de los contribuyentes para “reparar agravios no definidos en la ley”. El equipo legal de Trump, por su parte, no se pronunció directamente sobre la resolución, pero reiteró que el IRS permitió que un empleado “políticamente motivado” filtrara información confidencial y que el presidente “continúa responsabilizando a quienes perjudican a Estados Unidos y a los estadounidenses”.

El pacto invalidado incluía originalmente un Fondo Anti-Instrumentalización de 1.776 millones de dólares, concebido para compensar a quienes alegaran persecución judicial durante administraciones anteriores, incluidos los condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero. Esa partida fue abandonada por el Ejecutivo tras el rechazo bipartidista en el Congreso y un bloqueo judicial previo en Virginia, pero la inmunidad fiscal se había mantenido vigente. Analistas en Washington advierten que la anulación judicial reabre la puerta a que el IRS reanude las auditorías pendientes y expone al fiscal general interino, Todd Blanche —exabogado personal de Trump y firmante del acuerdo—, a un escrutinio más intenso durante su audiencia de confirmación en el Senado, prevista para este miércoles.

El origen del caso se remonta a la filtración de las declaraciones de impuestos de Trump por parte de un contratista del IRS, Charles Littlejohn, quien fue condenado a cinco años de prisión en 2024. La demanda se presentó en enero de 2026, ya con Trump de vuelta en la Casa Blanca y después de haber designado a antiguos letrados suyos en puestos clave del Departamento de Justicia. La jueza Williams reabrió el expediente a petición de 35 exjueces federales que denunciaron un “fraude contra el tribunal”, al considerar que las partes ocultaron deliberadamente el acuerdo alcanzado a cambio del retiro de la demanda. Además de remitir al abogado Alejandro Brito al Colegio de Abogados de Florida y de prohibir a Daniel Epstein litigar en el distrito durante al menos un año, la magistrada ordenó enviar copia del fallo a los colegios de Nueva York y del Distrito de Columbia, donde ya existen investigaciones éticas abiertas contra Blanche y el fiscal general adjunto Stanley Woodward. El Departamento de Justicia no ha comentado la decisión, mientras que la Casa Blanca remitió las consultas a los abogados personales del presidente.