La Knéset israelí se disolvió el jueves tras consumar un maratón legislativo que, según analistas israelíes, modifica de forma inmediata el equilibrio entre poderes y la estructura del servicio militar. Entre las normas aprobadas destaca la extensión del servicio obligatorio a 32 meses —pese a que el Ejército había solicitado 36— y una ley que blinda el estudio de la Torá como valor fundamental en una Ley Básica, lo que, de acuerdo con fuentes jurídicas en Jerusalén, dificulta que los tribunales cuestionen la exención de reclutamiento de los estudiantes de yeshivá. Otra iniciativa, congelada cautelarmente por el Tribunal Superior, suspendía las detenciones de más de 72.000 evasores ultraortodoxos. El jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, advirtió ante la comisión parlamentaria que la medida deslegitimaría al Ejército como “ejército del pueblo” y reduciría el alistamiento también entre la población general, en un momento en que, según la planificación militar, el sistema de reservas está al borde del colapso.

La oposición, encabezada por el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, calificó el paquete legislativo de hipócrita. El líder de Israel Beitenu, Avigdor Liberman, señaló que los mismos partidos ultraortodoxos que impulsaron la protección de los evasores votaron a favor de prolongar el servicio de los soldados que combaten desde el 7 de octubre. En paralelo, la coalición de Benjamín Netanyahu aprobó una reforma que permite al Gobierno ignorar las opiniones vinculantes de la asesoría jurídica del Estado y otra que otorga al Ejecutivo un control sustancial sobre el sector de la radiodifusión. Desde la prensa hebrea se interpreta esta ofensiva normativa como un intento de crear hechos consumados antes de las urnas, en un contexto en que las encuestas sitúan al bloque anti-Netanyahu por delante, aunque sin una mayoría clara de 61 escaños.

En el plano regional, la disolución de la cámara coincide con señales de reconfiguración diplomática. El presidente Isaac Herzog reiteró su deseo de normalizar relaciones con Arabia Saudí, mientras que Riad mantiene que no habrá reconocimiento sin una vía hacia un Estado palestino, postura que, según analistas en Washington, se ha endurecido tras la guerra en Gaza. El exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, advirtió en Tel Aviv que la alianza con Estados Unidos está en riesgo y urgió a una “solución de 23 Estados” que integre la soberanía palestina en un acuerdo regional más amplio. Para sectores de la sociedad civil israelí y palestina, como los reunidos en un foro en Melbourne, la única salida pasa por un enfoque “pro-solución” que desplace la lógica de suma cero.

El calendario electoral fija las primarias de los demócratas para el 20 de julio, las del Partido Sionista Religioso el 26, las del Likud el 4 de agosto y el cierre de listas el 9 de septiembre. La campaña se anticipa polarizada: mientras el bloque de Netanyahu defiende las leyes recién aprobadas como blindaje de la identidad judía del Estado, la oposición centrista de Eisenkot y Naftali Bennett promete restaurar la cohesión social y revertir la trayectoria de conflicto permanente, aunque sin abrazar de inmediato la solución de dos Estados. La votación general está prevista para el 27 de octubre.