La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos confirmó que las temperaturas superficiales del Pacífico tropical superaron en al menos 0,5 °C el promedio durante varios meses consecutivos, consolidando así un nuevo episodio de El Niño. Como primera respuesta de gran escala, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia por 60 días en 796 distritos —el 40 % del país— ante el riesgo inminente de lluvias intensas. De forma paralela, las autoridades colombianas identificaron diez departamentos con alta probabilidad de condiciones secas, y el estado de Río de Janeiro inició la preparación de sus municipios para el verano 2026-2027, con un 96 % de probabilidad de que el fenómeno esté plenamente instalado para entonces.

El mecanismo es conocido: el calentamiento anómalo del Pacífico ecuatorial altera la circulación atmosférica global y bifurca los patrones de precipitación en América del Sur. En la vertiente del Pacífico, especialmente en Perú y Ecuador, se esperan lluvias torrenciales, desbordes de ríos y deslizamientos, mientras que en regiones del interior como los Andes colombianos y el Caribe predominan el déficit hídrico, la reducción de caudales y el aumento de temperaturas. Meteorólogos en Montevideo advierten que la intensidad proyectada podría configurar un “Super Niño”, comparable a los episodios de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016, y subrayan que la discusión ya no puede limitarse a la prevención, sino que debe incorporar estrategias de adaptación en infraestructura, planificación territorial y sistemas de alerta temprana.

En el plano económico, analistas en São Paulo evalúan que los efectos para las empresas brasileñas serán heterogéneos: los sectores de bebidas y servicios públicos podrían verse favorecidos, mientras que las compañías ligadas al agronegocio y al crédito rural enfrentan un panorama adverso. En Colombia, el debate energético se intensificó con una propuesta del gerente de Hidroituango para adelantar una hora los relojes y desplazar así el pico de demanda nocturna, lo que según estimaciones preliminares ahorraría cerca del 2 % del consumo nacional. La iniciativa se discutiría en una mesa de trabajo con todos los actores del sector, cuya instalación se ha solicitado antes del 7 de agosto, fecha del cambio de gobierno, con el fin de no tener que reaccionar ante una crisis inminente.

La salud pública también entra en la ecuación. Un estudio que analizó las emisiones globales de incendios entre 2000 y 2023 documentó que durante los eventos de El Niño las concentraciones de PM2.5 procedentes de la quema de biomasa aumentan de forma sustancial: entre un 49 % y un 116 % en América del Norte, entre un 17 % y un 42 % en Australia, y entre un 27 % y un 71 % en Indonesia. En 2015, los incendios forestales en Indonesia —119.072 focos contabilizados por la NASA hasta noviembre— afectaron a 43 millones de personas y llevaron a declarar el estado de emergencia por la peligrosa calidad del aire, un antecedente que los sistemas de salud de la región observan con atención.

El dispositivo institucional ya está en marcha. Perú ejecutará las medidas de emergencia con cargo a los presupuestos existentes de los gobiernos regionales y locales, sin recursos adicionales del Tesoro. En Brasil, la operación Extinctus 2026 del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro refuerza el combate a incendios forestales, mientras las concesionarias de energía y la compañía de aguas amplían el monitoreo de sus sistemas. El siguiente hito factual será la evolución de las anomalías térmicas en el Pacífico durante los próximos 60 días, el plazo de la emergencia peruana, y la eventual constitución de la mesa energética colombiana antes del traspaso presidencial.