El Consejo de Paz, organismo creado por el presidente estadounidense Donald Trump, ha anunciado la planificación de una zona humanitaria piloto en el sur de Gaza, concretamente en Rafah, con el objetivo de albergar a decenas de miles de civiles palestinos sometidos a un proceso de verificación de seguridad. De forma paralela, según fuentes cercanas al Consejo citadas por medios árabes, se han abierto licitaciones internacionales para la recogida y reciclaje de más de nueve millones de toneladas de escombros en esa misma área, como primer paso de un proyecto de reconstrucción que Washington y sus socios regionales consideran clave para consolidar el alto el fuego.

Desde la óptica del Consejo de Paz, la zona piloto —cuya participación sería voluntaria— serviría de “punto de partida” para que la Comisión Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), un grupo de tecnócratas palestinos, asuma funciones de gobierno cotidiano en la fase de transición. La seguridad del enclave recaería en la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), un cuerpo multinacional de nueva creación, mientras que la NCAG se encargaría del control de accesos y la verificación de los residentes, con el compromiso de mantener la libre circulación de civiles desarmados. Sin embargo, el gobierno israelí, que controla más del 60 % del territorio gazatí, se opone a cualquier avance en la reconstrucción mientras Hamás no entregue su armamento, y ha calificado de “montaje” el reciente anuncio del grupo islamista de disolver su administración y ceder el poder a la NCAG.

Diplomáticos y responsables de organizaciones no gubernamentales con presencia en Gaza, consultados por agencias internacionales, han expresado reservas sobre la compatibilidad de estas zonas humanitarias cerradas con el derecho internacional humanitario. Advierten que concentrar a la población civil en áreas delimitadas y sujetas a controles de entrada y salida podría equivaler a un desplazamiento forzado, restringir la libertad de movimiento y socavar el principio de neutralidad. A pesar de estas objeciones, el Consejo de Paz insiste en que el proyecto no está condicionado a un acuerdo con Hamás para la segunda fase del plan de paz, aunque reconoce que un pacto aceleraría su implementación. La NCAG permanece en El Cairo sin haber podido ingresar a la Franja, mientras las negociaciones entre mediadores egipcios, cataríes y turcos y el enviado del Consejo, Nickolay Mladenov, no han logrado avances sustanciales.

El plan de paz de 20 puntos, respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU pero sin la adhesión de varias potencias, prevé un aumento de la ayuda humanitaria, la administración tecnócrata, el desarme de Hamás y la retirada israelí. La situación sobre el terreno sigue siendo crítica: más de dos millones de personas enfrentan hambre, enfermedades y desplazamientos, y un programa de asistencia anterior tuvo que ser clausurado tras denuncias de muertes en puntos de distribución. El Consejo de Paz ha señalado que se recaudarán fondos específicos para el proyecto piloto, aunque no ha fijado plazos. La viabilidad de la zona humanitaria dependerá, según fuentes diplomáticas en la región, de la capacidad de Washington y sus aliados para vencer la resistencia israelí y de que la NCAG logre desplegarse efectivamente en el terreno.