El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el 13 de julio una campaña coordinada de todo el gobierno para “neutralizar sistemáticamente” la capacidad de la Corte Penal Internacional (CPI) de actuar contra ciudadanos estadounidenses o de sus aliados. Según el Departamento de Estado, la ofensiva incluye seis líneas de acción: contactos diplomáticos de alto nivel para instar a otros países a abandonar el tribunal, mayor escrutinio sobre naciones que dependen de la asistencia estadounidense y no rechazan la jurisdicción de la CPI, revocación de visados y prohibiciones de viaje para su personal, y la ampliación de sanciones económicas que podrían congelar las cuentas bancarias de la corte. Rubio calificó al organismo como “una amenaza existencial a la soberanía estadounidense” y, en un artículo en The Wall Street Journal, prometió “desmontar la CPI pieza por pieza” con todos los instrumentos del poder estadounidense.

Desde Bruselas, la Unión Europea reiteró su respaldo al tribunal y consideró “inaceptables” los ataques contra la corte, sus funcionarios o quienes cooperan con ella. La ONU, por su parte, subrayó que la CPI es un “elemento fundamental del sistema judicial internacional”. Dos organizaciones de derechos humanos con sede en Estados Unidos —Democracy for the Arab World Now y Taxpayer Alliance Against Genocide— presentaron una demanda federal en Nueva York argumentando que las sanciones violan la libertad de expresión, ya que han debido suspender la entrega de información al tribunal por temor a represalias. Analistas en Estocolmo y La Haya advierten que la medida más grave sería la imposición de sanciones financieras integrales, las cuales podrían paralizar por completo las operaciones de la corte al bloquear su acceso a servicios bancarios y sistemas de pago denominados en dólares.

La CPI, creada en 2002 por el Estatuto de Roma y con 125 Estados miembros, ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente ruso, Vladimir Putin, lo que ha intensificado la hostilidad de Washington. Aunque Estados Unidos no ha ratificado el tratado, especialistas en México recuerdan que el impulso original para crear la corte provino de Washington tras la Segunda Guerra Mundial. Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, señaló que la presión actual forma parte de un intento más amplio por “desmontar las instituciones garantes del proyecto civilizatorio nacido de la segunda guerra mundial”. En ese contexto, la ofensiva contra la CPI coincide con una “cumbre antiterrorista” convocada por Rubio para coordinar a 60 países contra el “extremismo de extrema izquierda”, una categoría que, según analistas en Ciudad de México, permite a la administración Trump etiquetar como enemigos a críticos y movimientos sociales.

El gobierno estadounidense ya había impuesto sanciones en febrero de 2025 mediante una orden ejecutiva que calificó de ilegítimas las acciones de la CPI contra Estados Unidos e Israel, y en agosto amplió las medidas contra dos jueces y dos fiscales. La actual campaña escala ese enfrentamiento al buscar el retiro de países miembros y al amenazar con sanciones a la institución en su conjunto. La administración Trump evalúa nuevas medidas, mientras la CPI enfrenta procesos judiciales en cortes estadounidenses y el respaldo público de la UE y Países Bajos. El próximo 17 de julio, Día Mundial del Derecho Internacional, se conmemora la firma del Estatuto de Roma en un momento en que, según fuentes diplomáticas europeas, la capacidad del tribunal para hacer cumplir sus mandatos depende de la cohesión de sus Estados parte.