El Gobierno de Estados Unidos anunció el 1 de julio la designación del grupo criminal ecuatoriano Los Chone Killers como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). Según el secretario de Estado, Marco Rubio, la banda —escindida de Los Choneros en 2020— ha perpetrado ataques contra civiles, fuerzas del orden y funcionarios públicos, incluidos asesinatos de alto perfil, y colabora con cárteles mexicanos en el tráfico de drogas para financiar actividades terroristas. La medida, que se suma a las designaciones previas de Los Choneros y Los Lobos en septiembre de 2024, habilita el bloqueo de bienes, sanciones económicas y, bajo la interpretación jurídica de la Administración Trump, allana el camino para operaciones militares directas contra los grupos y sus líderes en cualquier territorio.

Desde Quito, el presidente Daniel Noboa —reelegido con la promesa de mano dura contra el crimen organizado— ha consolidado una alianza estratégica con Washington. En enero de 2024 declaró a 22 organizaciones delictivas como terroristas en el marco de un conflicto armado interno y, más recientemente, emitió un decreto que otorga inmunidad a las tropas extranjeras que participen en la lucha contra el narcotráfico, además de aceptar la presencia de militares estadounidenses en el país. Analistas en la región observan que esta sintonía se inscribe en un giro securitario que incluyó un fallido intento de reforma constitucional para instalar bases militares foráneas, rechazado en referéndum, y el acercamiento al empresario Erik Prince, fundador de la controvertida empresa de mercenarios Blackwater.

La designación de Los Chone Killers se produce en un momento de escalada militar unilateral por parte de Estados Unidos. Desde el 2 de septiembre de 2024, Washington ha atacado con misiles embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, acciones que, según un recuento de la AFP, han causado al menos 215 muertos. Organizaciones de derechos humanos y juristas internacionales han denunciado estas operaciones —que rara vez dejan supervivientes— como una violación flagrante del derecho internacional. En paralelo, la cooperación con Caracas permitió el bombardeo del refugio del líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero, el 12 de junio, en una operación que estrechó los lazos con el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la captura y extracción de Nicolás Maduro. La lista de grupos designados como narcoterroristas abarca ya a más de una decena de organizaciones en México, Colombia, Brasil y Venezuela, entre ellas el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho.

Ecuador se ha convertido en un epicentro de la violencia asociada al narcotráfico: por su territorio transita aproximadamente el 70 % de la cocaína producida en Colombia y Perú, según datos de Insight Crime. El país cerró 2025 con 9.216 asesinatos, la cifra más alta de su historia, y una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes. En este contexto, la cooperación bilateral se perfila como el eje de la estrategia de seguridad de Noboa, mientras el Departamento de Estado subraya que la designación busca “desmantelar a los carteles y narcoterroristas” y “garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”. Se espera que en las próximas semanas se intensifiquen las operaciones conjuntas y que otros grupos ecuatorianos puedan ser añadidos a las listas, en un escenario que mantiene en vilo a los gobiernos de la región por sus implicaciones para la soberanía nacional.