La Fiscalía Federal de Alemania formalizó el 30 de junio la acusación contra el ciudadano ucraniano Serhii K. —identificado previamente como Serhii Kuznietsov— por su presunta participación en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, ocurrido en septiembre de 2022. Por primera vez, el Ministerio Público alemán sostiene de manera explícita que el ataque fue ordenado por autoridades estatales ucranianas. Según el escrito de acusación, el imputado, entonces oficial del ejército de Kiev, elaboró junto a otros militares un plan para destruir las tuberías submarinas con el objetivo de interrumpir de forma permanente el flujo de gas ruso hacia Europa y privar a Moscú de ingresos para financiar su esfuerzo bélico. Serhii K. se encuentra en prisión preventiva en Hamburgo tras ser arrestado en Italia en agosto de 2025 y extraditado a Alemania en noviembre del mismo año.

Desde la óptica de la fiscalía germana, el acusado lideró un comando de siete personas —buzos profesionales, un patrón de barco y un experto en explosivos— que, a bordo del velero Andromeda, transportó cargas explosivas de uso militar hasta aguas cercanas a la isla danesa de Bornholm y las fijó a los gasoductos. La imputación incluye los delitos de complicidad en crímenes de guerra por ataque contra bienes de carácter civil, provocación de explosiones y destrucción de infraestructuras. La defensa de Serhii K. rechaza los cargos y argumenta que el acusado se encontraba en Ucrania en el momento de los hechos, además de invocar una inmunidad funcional por su condición de militar, tesis ya desestimada por la justicia alemana. Asimismo, denuncia que la acusación por crimen de guerra fue añadida tras la extradición, lo que, a su juicio, vicia el procedimiento.

El caso introduce una tensión inédita en la relación bilateral entre Berlín y Kiev. El Gobierno ucraniano, a través del presidente Volodímir Zelenski, calificó de prematuro cualquier pronunciamiento y reiteró que no ha recibido información oficial sobre la acusación, manteniendo la negativa de cualquier implicación estatal. En Alemania, el copresidente del partido Alternativa para Alemania (AfD), Tino Chrupalla, exigió la suspensión inmediata de toda ayuda militar a Ucrania a raíz de las imputaciones. Moscú, que siempre ha negado su responsabilidad y ha señalado a Washington y sus aliados, celebró la detención del sospechoso y reclamó que la investigación identifique también a los autores intelectuales. Analistas en Bruselas advierten que el proceso judicial podría condicionar el debate sobre la continuidad del apoyo europeo a Kiev, aunque la fiscalía alemana ha subrayado que la causa penal es independiente de las consideraciones políticas.

La destrucción de los Nord Stream, que antes de la invasión rusa cubrían aproximadamente la mitad de las necesidades anuales de gas natural de Alemania, representó un punto de inflexión en la crisis energética europea. Las pesquisas de Dinamarca y Suecia fueron archivadas, por lo que la investigación alemana es la única que sigue activa. El tribunal regional superior hanseático de Hamburgo deberá decidir ahora si admite la acusación y fija la fecha del juicio. Mientras tanto, el sumario permanece abierto en lo que respecta a la posible responsabilidad de altos cargos políticos ucranianos, un extremo que, de confirmarse, podría reconfigurar el tablero diplomático en el cuarto año de la guerra.