Estados Unidos ha reanudado parcialmente los envíos aéreos de dólares a Irak, suspendidos en abril como medida de presión para que Bagdad se distancie de Irán, según confirmaron el portavoz del primer ministro iraquí, Haider al-Aboudi, y el asesor financiero Muzhar Muhammad Salih. La decisión coincide con una amplia campaña anticorrupción lanzada por el nuevo jefe de Gobierno, Ali al-Zaidi, que ha derivado en decenas de detenciones de políticos, funcionarios y empresarios. No obstante, la suspensión de la cooperación y la financiación a los servicios de seguridad iraquíes se mantiene, de acuerdo con un funcionario anónimo citado por fuentes estadounidenses.

Desde la óptica de Washington, la interrupción de las transferencias —que incluyó el bloqueo de unos 500 millones de dólares en efectivo y de los ingresos petroleros depositados en la Reserva Federal— respondió al contrabando de divisas por parte de milicias respaldadas por Irán y a los ataques intermitentes contra instalaciones diplomáticas estadounidenses. La administración Trump exigió al Gobierno iraquí que sometiera a esos grupos armados al control estatal y vetara a candidatos a primer ministro considerados afines a Teherán. En Bagdad, el ejecutivo de al-Zaidi, que asumió el poder a finales de abril sin objeciones de la Casa Blanca, ha ordenado que todas las milicias queden bajo autoridad directa del Estado y ha iniciado una ofensiva judicial que, según la agencia oficial iraquí, incluye el hallazgo de 15 millones de dólares en efectivo en el domicilio de una parlamentaria y la incautación de otros 4 millones en un control de carreteras.

La reanudación de los cargamentos de dólares se produce en paralelo a la entrada en vigor de nuevas normas de transparencia bancaria pactadas entre la Reserva Federal y el Banco Central iraquí, diseñadas para frenar el flujo ilícito de divisas hacia redes criminales, el lavado de dinero y la financiación de grupos armados en países vecinos. Analistas en Oriente Medio interpretan la campaña anticorrupción como un intento de al-Zaidi por consolidar su posición interna, recuperar la confianza de Washington y facilitar potenciales inversiones estadounidenses, al tiempo que combate una inflación creciente y cumple promesas electorales. La ofensiva ha alcanzado tanto a figuras simpatizantes de Irán como a políticos suníes, lo que sugiere un alcance transversal.

El problema de la corrupción en Irak tiene raíces profundas. Un asesor del primer ministro estimó que el erario ha perdido más de dos billones de dólares desde 2003 por este flagelo. En 2015, la ONU lanzó un fondo de estabilización de 1.900 millones de dólares para la reconstrucción, pero una investigación periodística reveló en 2024 que funcionarios de Naciones Unidas en el país exigían sobornos de hasta el 15% del valor de los contratos. Fuentes kurdas iraquíes atribuyen la suspensión original de los envíos de dólares al contrabando perpetrado por milicias proiraníes, mientras que desde Bagdad se subraya que la cooperación con el FBI en la lucha contra el blanqueo de capitales podría estar facilitando las detenciones. El expediente queda abierto: la ayuda en seguridad sigue congelada y se espera que los procesos judiciales contra los detenidos sean públicos, en un contexto de frágil equilibrio entre las presiones de Washington y la influencia de Teherán.