Una ola de iniciativas legislativas recorre diversos continentes con el objetivo de restringir el acceso de menores de edad a las plataformas de redes sociales. El Reino Unido anunció una prohibición para menores de 16 años, Australia ya implementó una medida similar y los Emiratos Árabes Unidos fijó la edad mínima en 15 años mediante una decisión del Gabinete. En paralelo, los congresos de México y la Argentina comenzaron a debatir proyectos que van desde barreras de edad hasta obligaciones de diseño seguro para las plataformas, mientras que la Organización Mundial de la Salud y la presidencia de Francia emitieron una advertencia conjunta sobre el impacto de los entornos digitales no regulados en la salud infantil.

Desde la óptica de los gobiernos europeos y del Golfo, la prioridad es establecer marcos preventivos que transfieran la responsabilidad a los proveedores de servicios digitales. El Consejo de Seguridad Digital Infantil de los Emiratos explicó que su modelo introduce salvaguardas graduales según la etapa de desarrollo, exigiendo a las plataformas requisitos técnicos y regulatorios claros. En el debate legislativo argentino, varios proyectos presentados en la Cámara de Diputados coinciden en prohibir la autodeclaración de edad y en obligar a mecanismos de verificación biométrica o mediante el sistema de identidad digital. Las propuestas, que abarcan desde la prohibición total para menores de 14 años hasta la exigencia de consentimiento parental entre los 13 y los 16, también imponen a las empresas la presentación de informes periódicos de cumplimiento y la restricción de publicidad de apuestas en línea.

Analistas en India advierten, sin embargo, sobre la eficacia limitada de las prohibiciones absolutas. Señalan que los sistemas de verificación de edad son endebles y que, al exigir datos biométricos, legitiman a las plataformas para recolectar información sensible de los menores. Además, documentan que las restricciones suelen ser eludidas mediante el uso de credenciales de familiares o herramientas tecnológicas, y que en Australia la medida empujó a los adolescentes hacia servicios menos consolidados cuyos riesgos aún se desconocen. Desde esta perspectiva, la respuesta china —que impone límites de tiempo de pantalla por mandato estatal— se considera mejor orientada, aunque su replicabilidad en sociedades menos regimentadas es puesta en duda por los mismos círculos.

En América Latina, la discusión incorpora matices propios. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enmarcó la regulación de redes sociales e inteligencia artificial para menores dentro de una estrategia más amplia de desarrollo científico, y legisladores de su país plantean un análisis nacional tras el Mundial de fútbol de 2026. La mandataria también vinculó el debate con la necesidad de fortalecer la educación histórica frente a formatos digitales que privilegian la inmediatez. En la Argentina, el diputado Esteban Paulón rechazó la vía prohibitiva y abogó por un paradigma de acompañamiento parental y escolar que garantice condiciones adecuadas al desarrollo evolutivo de los adolescentes.

La declaración conjunta de la OMS y el presidente francés, Emmanuel Macron, refuerza el llamado a la acción al advertir que los niños no deben ser tratados como mercados ni como sujetos experimentales. El texto insta a una mayor transparencia, al diseño de plataformas adaptadas a la infancia y a una cooperación estrecha entre gobiernos, empresas tecnológicas e instituciones de salud pública. Mientras los Emiratos Árabes Unidos ya iniciaron la implementación de su normativa, los proyectos legislativos en México y la Argentina continúan su trámite en comisiones, y se espera que otros países monitoreen los resultados de las experiencias pioneras antes de adoptar nuevos marcos.