El Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó este jueves el recurso de Google y su matriz Alphabet contra la multa de 4.125 millones de euros impuesta por la Comisión Europea en 2018. La sentencia, con sede en Luxemburgo, confirmó que la compañía abusó de la posición dominante de su sistema operativo Android al obligar a los fabricantes de teléfonos inteligentes a preinstalar el motor de búsqueda Google Search y el navegador Chrome como condición para acceder a la tienda de aplicaciones Play Store. La decisión es definitiva y no admite más apelaciones, por lo que la sanción —la más alta jamás impuesta por el bloque comunitario en materia de competencia— deberá ser abonada en su totalidad.

Desde la óptica de Bruselas, la práctica constituyó una infracción única y continuada que restringió la competencia y reforzó las barreras de entrada en los mercados digitales. La Comisión Europea sostuvo que los acuerdos de preinstalación y las cláusulas que impedían a los operadores vender dispositivos con versiones alternativas de Android (los denominados forks) cerraron el ecosistema móvil a rivales potenciales. El Tribunal General ya había reducido la multa de 4.340 a 4.125 millones de euros en 2022, al anular parcialmente la valoración sobre los acuerdos de reparto de ingresos por preinstalación exclusiva, pero mantuvo el núcleo de la acusación. La Corte de Justicia consideró ahora que el tribunal inferior no incurrió en error de derecho al evaluar los efectos anticompetitivos, y subrayó que la existencia de un sesgo de statu quo a favor de las aplicaciones preinstaladas no fue desvirtuada por Google.

Google, por su parte, defendió que Android ha generado más opciones para los usuarios y que la sentencia no reconoce las inversiones realizadas para mantener el sistema abierto, interoperable y gratuito. Un portavoz de la empresa recordó que los acuerdos comerciales fueron modificados en 2018 para cumplir con la decisión inicial de la Comisión, y que la compañía sigue centrada en la innovación. Sin embargo, organizaciones de consumidores como la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (BEUC) calificaron el fallo como un respaldo a la necesidad de actuar con mayor celeridad frente al poder de las grandes tecnológicas, señalando que durante años los usuarios de Android fueron dirigidos hacia los servicios de Google sin margen real para alternativas.

La ratificación de la multa se produce en un contexto de creciente presión regulatoria sobre las plataformas digitales. La Comisión Europea ha impuesto a Google sanciones por un total cercano a los 11.000 millones de euros en la última década por diversas infracciones antimonopolio, y la empresa enfrenta investigaciones en curso bajo la nueva Ley de Mercados Digitales (DMA). Analistas en Bruselas interpretan el fallo como un precedente que refuerza la capacidad de las autoridades comunitarias para intervenir en los ecosistemas digitales, incluso cuando las prácticas ya han sido modificadas. El pago de la multa es ahora inminente, mientras que otros litigios por daños y perjuicios —como la condena en Suecia a pagar 1.500 millones de dólares al comparador de precios PriceRunner— continúan su curso en distintas jurisdicciones europeas.