Dos de las economías más avanzadas del mundo han activado en las últimas horas mecanismos para repercutir el coste de sus sistemas de acogida directamente sobre los ciudadanos extranjeros. El Gobierno de Japón publicó un borrador de orden ministerial que multiplica las tasas de renovación del estatus de residencia temporal, que pasan de 6.000 yenes (unos 38 euros) a un máximo de 75.000 yenes (475 euros), mientras que la tarifa para la residencia permanente salta de 10.000 a 200.000 yenes. De forma paralela, el Ejecutivo británico ha presentado un proyecto de ley de Inmigración y Asilo que obligará a los solicitantes de protección internacional con medios económicos suficientes a devolver parte del coste de su manutención y alojamiento, con una contribución estimada de 10.000 libras por persona. Ambas decisiones, según los respectivos gobiernos, buscan aliviar unas arcas públicas sometidas a una presión creciente por el aumento récord de las poblaciones extranjeras.

Desde la óptica de Tokio, la revisión de tarifas —que entraría en vigor en octubre tras un período de consulta pública— responde a la necesidad de cubrir los gastos administrativos generados por un colectivo que ya supera los 4,1 millones de personas, la cifra más alta registrada. La Agencia de Servicios de Inmigración japonesa vincula directamente la medida al incremento de trabajadores y estudiantes internacionales, incluidos los llegados a través del programa de trabajadores cualificados especificados (Specified Skilled Worker) activo desde 2019. El borrador contempla exenciones por razones humanitarias o dificultades económicas equiparables a los perceptores de asistencia social, pero establece un abanico de precios que oscila entre los 10.000 y los 75.000 yenes en función de la duración del permiso, con descuentos de hasta 10.000 yenes para las solicitudes telemáticas. En paralelo, expertos en gestión de desastres citados por la prensa regional advierten de que el auge turístico —con millones de visitantes sin conocimiento del idioma ni de los protocolos de evacuación— ha dejado obsoletos los planes de emergencia, un déficit que la subida de tasas no aborda.

En el caso británico, la iniciativa legislativa otorga al Ministerio del Interior la potestad de fijar un umbral de ingresos a partir del cual los solicitantes de asilo adultos deberán abonar una cuota mensual fija. El reembolso no cubre el coste íntegro de la estancia —el Gobierno cifra en 4.000 millones de libras el gasto anual en alojamiento y subsidios, con un coste medio por persona de 23,25 libras diarias en viviendas dispersas y de 144 libras en hoteles—, pero se convierte en un requisito para acceder al asentamiento permanente. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha enmarcado la medida en el principio de que “recibir apoyo para el asilo es un derecho, pero también una responsabilidad”, y ha recordado que un 40% de los refugiados con empleo a los ocho años de obtener el estatus percibe al menos el salario mínimo anual. Desde la perspectiva de Londres, la reforma representa el mayor cambio en una generación del sistema de asilo y se complementa con el cierre de hoteles y el traslado de solicitantes a alojamientos básicos, incluidos antiguos emplazamientos militares.

Para los países de origen de los flujos migratorios, las nuevas condiciones introducen variables que pueden alterar los cálculos de quienes planean desplazarse. En Indonesia, cuyos nacionales en Japón crecieron un 33,2% en el último año hasta rozar los 200.000, medios locales recogen testimonios de trabajadores y estudiantes que ya enfrentan un choque cultural significativo en la vida cotidiana nipona, desde los códigos de comunicación hasta el ritmo laboral. Analistas del Sudeste Asiático señalan que el encarecimiento de las tasas de residencia podría desincentivar las estancias de corta duración, aunque el atractivo de los salarios japoneses y la demanda estructural de mano de obra en sectores como la industria y los cuidados mantienen el flujo. En el corredor atlántico, la exigencia de reembolso británica introduce un precedente que, según fuentes comunitarias en Bruselas, será observado con atención por otros Estados miembros de la Unión Europea que debaten fórmulas para financiar sus propios sistemas de acogida sin recurrir a la deuda pública.

El estado de los dosieres es de tramitación avanzada pero no definitiva. En Japón, el borrador de la orden ministerial permanecerá abierto a comentarios del público antes de su adopción formal, prevista para el otoño. En el Reino Unido, el proyecto de ley debe superar el debate parlamentario, y el Gobierno ya ha adelantado que explorará mecanismos de cobro a través de los sistemas fiscales y de prestaciones sociales. La coincidencia temporal de ambas reformas dibuja un mapa en el que las principales potencias receptoras ensayan un viraje desde la gratuidad de los servicios de acogida hacia un modelo de corresponsabilidad financiera del migrante, con la integración y la residencia permanente como contrapartidas condicionadas al cumplimiento de las nuevas obligaciones económicas.