El Tribunal del Distrito Central de Seúl sentenció este lunes a 25 años de prisión al exministro de Justicia Park Sung-jae por su participación en la declaración de ley marcial de diciembre de 2024, calificada judicialmente como insurrección. La pena supera los 20 años que había reclamado la fiscalía. El presidente del tribunal, Lee Jin-gwan, afirmó que las acciones del acusado situaron al país al borde de una violación de los derechos fundamentales y del orden democrático liberal. Park fue detenido en la sala tras conocerse el fallo.

Según la reconstrucción de la acusación recogida por fuentes judiciales surcoreanas, el exministro convocó de madrugada a funcionarios del Ministerio de Justicia inmediatamente después del decreto presidencial. En esa reunión se evaluó la capacidad penitenciaria para albergar a figuras de la oposición que las autoridades planeaban arrestar, y se instruyó la cooperación con el mando militar bajo el supuesto de que el decreto sería efectivo. La fiscalía sostuvo que Park “redujo la ley a una herramienta de la insurrección, abusó del poder y desafió el Estado de derecho”, mientras que el tribunal consideró que ignoró las advertencias sobre la ilegalidad del plan formuladas durante el propio encuentro.

La condena se inscribe en una cadena de sentencias contra el círculo del expresidente Yoon Suk-yeol, quien en febrero recibió cadena perpetua por liderar la insurrección —fallo que está recurriendo— y este mismo mes sumó otros 30 años por enviar drones a Corea del Norte con el fin de fabricar una crisis nacional que justificara la ley marcial. El ex primer ministro Han Duck-soo cumple 15 años de cárcel, el exministro del Interior Lee Sang-min nueve y el exministro de Defensa Kim Yong-hyun tres por revelar información clasificada. La esposa de Yoon, Kim Keon Hee, purga una condena de cuatro años por manipulación bursátil y soborno, ajena al episodio marcial.

Desde la óptica de analistas en la región Asia-Pacífico, la sucesión de fallos consolida la lectura judicial de que la declaración de ley marcial constituyó un intento de subvertir el orden constitucional mediante la detención planificada de líderes opositores, incluido el presidente de la Asamblea Nacional. El decreto, que suspendió la actividad parlamentaria y sometió a los medios a control militar, fue revocado por la Asamblea en una sesión de emergencia apenas seis horas después, desencadenando el impeachment de Yoon. Observadores en Moscú calificaron la situación de “alarmante”, mientras que la abrupta medida tomó por sorpresa a aliados como Washington y provocó protestas masivas y una caída bursátil en Seúl. El proceso de apelación del expresidente mantiene abierto el capítulo judicial, mientras el resto de condenados cumplen sus penas y el país evalúa las secuelas institucionales de la crisis.