El Tribunal Supremo de España ha condenado este lunes al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, en el marco del denominado “caso Koldo” o “caso de las mascarillas”. Su antiguo asesor, Koldo García, recibió una pena de 19 años y ocho meses, mientras que el empresario Víctor de Aldama fue sentenciado a cuatro años y medio, aunque la ejecución de su condena queda suspendida a condición de que realice trabajos comunitarios, no delinca y presente informes semestrales, en reconocimiento a su colaboración con la investigación. La Sala Penal, por unanimidad, consideró probado que los tres acusados constituyeron una organización criminal que, aprovechando la posición de Ábalos al frente del Ministerio, desvió contratos públicos de suministro de mascarillas durante la pandemia de covid-19 a cambio de pagos mensuales, alquileres de viviendas de lujo y la colocación irregular de personas afines en empresas públicas.

Desde la oposición conservadora, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigió la dimisión inmediata del presidente Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas, al considerar que el jefe del Ejecutivo es “el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio”. La formación Vox secundó la petición y cuestionó la ausencia de una moción de censura. En contraste, el Gobierno y el Partido Socialista no han anunciado cambios en la legislatura; Sánchez, que no está imputado en esta causa, ha reiterado que los procesos judiciales que afectan a su entorno forman parte de una campaña para derrocarlo. Paralelamente, el Consejo General del Poder Judicial abrió un expediente disciplinario por falta grave contra el juez instructor del caso que involucra a la esposa del presidente, Begoña Gómez, después de que el magistrado sugiriera en un auto que la escolta policial podría facilitar una eventual fuga de la investigada.

La sentencia agrava la fragilidad del Gobierno de coalición en minoría, que ya afronta múltiples frentes judiciales. La propia Gómez ha sido llamada a juicio por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias, con medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente. Además, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero está siendo investigado por tráfico de influencias. Analistas políticos en Madrid observan que la acumulación de causas erosiona la legitimidad institucional, pero señalan que los aliados parlamentarios del Ejecutivo no han retirado hasta ahora su apoyo, lo que hace improbable una caída del Gobierno por la vía de una moción de censura.

El fallo, de 224 páginas, incluye un preámbulo en el que el alto tribunal advierte de que la corrupción “erosiona los fundamentos del Estado democrático” y “deteriora la confianza ciudadana”. Según la reconstrucción judicial, Ábalos recibió 10.000 euros mensuales de Aldama durante 34 meses, además del pago de un chalé de vacaciones y un apartamento de lujo para su entonces pareja, quien a su vez fue contratada en dos empresas públicas sin desempeñar actividad laboral alguna, lo que derivó en una condena adicional por malversación. El tribunal decomisó 430.298 euros en concepto de cohechos y estableció indemnizaciones a las entidades perjudicadas.

El presidente Sánchez tiene previsto comparecer ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los casos judiciales que rodean al Partido Socialista en la misma fecha en que Gómez debe entregar su pasaporte en el juzgado. No se ha fijado aún la fecha del juicio contra la primera dama, y el procedimiento disciplinario contra el juez Peinado sigue su curso. Mientras, la oposición mantiene la presión política, pero el calendario electoral ordinario apunta a 2027, salvo que se produzca una ruptura de la mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo.