Una serie de intervenciones simultáneas en tres continentes está reconfigurando la protección de los trabajadores expuestos al calor extremo. En Italia, el Consejo de Ministros reintrodujo la posibilidad de acceder a la cassa integrazione in deroga para suspender o reducir la actividad laboral durante olas de calor excepcionales, mientras una docena de regiones ya ha activado ordenanzas de paro obligatorio en las horas centrales del día para sectores como la construcción, la agricultura y la logística. En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani firmó una orden ejecutiva que obliga a varias agencias municipales a elaborar guías de seguridad multilingües y a revisar los requisitos de protección térmica en obras, con plazos que se extienden hasta marzo de 2027. En Malasia, el legislador Santiago reclamó una revisión de la Ley de Trabajadores Gig ante el aumento de síntomas por calor entre repartidores, y en Australia la Comisión de Trabajo Justo suspendió la reactivación de un conductor de Uber acusado de acoso, mientras el Gobierno federal modificó las reglas para facilitar la desactivación de cuentas con patrones de conducta sexual indebida.

El mecanismo italiano combina dos niveles. La norma nacional, incluida de última hora en el decreto Infraestructuras, permite a las empresas solicitar la prestación por reducción de actividad cuando las temperaturas superen los 35 °C o la humedad elevada haga inviable el trabajo, tanto en exteriores como en interiores sin ventilación adecuada. A escala regional, la mayoría de los territorios ha impuesto la prohibición de trabajar a pleno sol entre las 12.30 y las 16.00, con extensiones a espacios confinados en Puglia y fórmulas más restrictivas en Calabria y Campania, que limitan la exención por “pública utilidad” solo a intervenciones impostergables tras eventos imprevisibles. Sin embargo, el texto definitivo del decreto aún no está disponible, según fuentes ministeriales, debido a discusiones de última hora sobre la inclusión del sector pesquero y las coberturas presupuestarias con la Ragioneria dello Stato. Paralelamente, la cláusula de pública utilidad sigue generando fricción sindical, porque en varias regiones excluye del paro automático a las contratas de mantenimiento viario y otros servicios esenciales.

En Nueva York, la orden ejecutiva establece un calendario escalonado: el Departamento de Salud e Higiene Mental, la Agencia de Gestión de Emergencias y el Departamento de Servicios Administrativos deberán producir materiales informativos multilingües para trabajadores, y las recomendaciones para espacios interiores tienen como fecha límite el 1 de marzo de 2027. Además, el Departamento de Edificios revisará los requisitos de seguridad térmica en obras de construcción y presentará propuestas en el mismo plazo. La administración municipal enmarca la iniciativa como una respuesta a los riesgos que enfrentan albañiles, repartidores, empleados de comercio y vendedores ambulantes durante los veranos cada vez más intensos.

En el sudeste asiático y Oceanía, el foco está puesto en la economía de plataformas. Desde Kuala Lumpur, el debate se centra en la Ley de Trabajadores Gig, vigente desde marzo, que establece un marco para 1,64 millones de personas pero que, según el legislador Santiago, no basta para garantizar pausas remuneradas ni bajas por enfermedad a repartidores que sufren cefaleas, mareos y fatiga por calor. El ministro de Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental advirtió que Malasia podría alcanzar 37,5 °C este año. En Australia, la Comisión de Trabajo Justo ordenó a Uber pagar 300 dólares semanales a un conductor cuya cuenta fue desactivada tras dos denuncias de conducta inapropiada con pasajeras, mientras evalúa el fondo de la apelación. La decisión se produjo en vísperas de una reforma legal que ya permite a las plataformas retirar a trabajadores con un patrón de quejas por mala conducta sexual sin necesidad de probar cada caso individual.

Los próximos hitos fácticos incluyen la publicación del texto definitivo del decreto italiano y el cierre de las negociaciones sobre su alcance sectorial y financiero; la entrada en vigor de las guías neoyorquinas para espacios interiores antes del 1 de marzo de 2027; y, en Australia, la resolución de la apelación de Uber, que definirá el equilibrio entre la seguridad de los usuarios y las garantías procesales de los trabajadores de plataformas bajo la nueva normativa.