El gobierno de Estados Unidos ha puesto en marcha durante el primer semestre de 2026 un conjunto de disposiciones que endurecen de forma simultánea el acceso a visados, la obtención de la residencia permanente, la validez de licencias de conducir comerciales y la vigencia de pasaportes por deudas fiscales. La medida de alcance más inmediato es la introducción de un servicio premium para entrevistas de visa B1/B2: mediante el pago adicional de 750 dólares, los solicitantes pueden conseguir una cita en un plazo de diez días hábiles en consulados seleccionados, según confirmó el Departamento de Estado en el Registro Federal. De forma paralela, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advierte que ciertas infracciones cometidas por conductores comerciales extranjeros —como el uso indebido de la visa de negocios para actividades consideradas empleo interno— conllevan la revocación automática del visado y la prohibición de entrada. En el plano migratorio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha limitado el ajuste de estatus para quienes buscan la residencia permanente desde dentro del país, obligando a muchos solicitantes a regresar a su país de origen y tramitar la solicitud en un consulado, al tiempo que propone aumentar las tarifas de naturalización en 570 dólares y eliminar las exenciones para solicitantes de bajos ingresos.

Desde Washington, las agencias federales justifican estas decisiones con el argumento de proteger la integridad del sistema migratorio y garantizar la autosuficiencia financiera de los procesos. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que el alza de tarifas de ciudadanía es necesaria para cubrir el costo real de una revisión más rigurosa de los antecedentes de los solicitantes, incluida la reactivación de entrevistas con vecinos y empleadores. En el caso de la revocación de visados por turismo de nacimiento, el Departamento de Estado considera que utilizar una visa de visitante con el propósito de dar a luz en territorio estadounidense constituye fraude, y ha iniciado la cancelación de más de 600 visados vinculados a redes que facilitaban esa práctica. La directiva de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) exige ahora que los estados verifiquen un estatus migratorio laboral comprobable antes de emitir licencias de conducir comerciales, una medida que, según el gobierno federal, responde a incidentes de seguridad vial y a la necesidad de aplicar criterios uniformes.

Para los ciudadanos y viajeros de América Latina, el nuevo entramado normativo introduce obstáculos adicionales y costos imprevistos. Analistas en Ciudad de México señalan que la tarjeta de cruce fronterizo (BCC) sigue siendo una alternativa para ingresar por tierra a zonas limítrofes sin visa completa, pero su obtención exige demostrar lazos sólidos con el país de origen. A su vez, las autoridades mexicanas mantienen controles estrictos en puntos como Querétaro, Puebla, Toluca y Ciudad Juárez, donde un pasaporte vencido puede bloquear el ingreso incluso antes de abordar el vuelo, ya que las aerolíneas verifican la documentación en origen. En el Cono Sur, la exigencia estadounidense de que el pasaporte tenga una validez de seis meses más allá del período de estancia previsto no afecta a la mayoría de los países latinoamericanos —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y otros están exentos—, pero sí condiciona a nacionales de estados no incluidos en la lista de CBP. La revocación de pasaportes por deudas tributarias superiores a 66.000 dólares, certificada por el IRS ante el Departamento de Estado, añade un factor de riesgo para residentes y ciudadanos con obligaciones fiscales impagas.

En paralelo, otras regiones ajustan sus propias regulaciones. En Italia, un decreto ministerial firmado en junio por el ministro de Infraestructuras Matteo Salvini establece que todos los radares de velocidad posteriores a 2017 se considerarán automáticamente homologados, mientras los anteriores deberán someterse a pruebas técnicas obligatorias, con el objetivo de reducir los recursos judiciales contra multas. En Argentina, la provincia de Buenos Aires aplica multas de hasta 1,8 millones de pesos por circular sin la Verificación Técnica Vehicular al día, y la licencia de conducir puede renovarse hasta 90 días después de vencida sin reexamen, aunque está prohibido conducir durante ese lapso. El conjunto de medidas refleja una tendencia global hacia una fiscalización más estricta de documentos de viaje e identificación, con plazos de implementación que en el caso estadounidense incluyen un programa piloto de visas aceleradas hasta el 31 de diciembre de 2026 y litigios en curso en estados como California, donde un fallo judicial mantiene por ahora la vigencia de licencias comerciales para no ciudadanos.