Un juez federal de Minnesota anuló el lunes seis citaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador Tim Walz, el alcalde de Minneapolis Jacob Frey y otros funcionarios estatales y locales. En un fallo de 29 páginas, el magistrado Patrick Schiltz —designado por el expresidente George W. Bush— concluyó que las citaciones fueron emitidas con el «propósito dominante» de coaccionar a los funcionarios para que asistieran al gobierno federal en la aplicación de leyes civiles de inmigración, así como para «acosarlos y tomar represalias» por negarse a hacerlo. El juez subrayó que el Departamento de Justicia «ha luchado, sin éxito, por identificar una sola justificación investigativa plausible» para las órdenes, y calificó el uso del proceso del gran jurado con fines políticos como «manifiestamente ilegal y antiético».\n\nLas reacciones de los implicados reflejaron la dimensión política del caso. El gobernador Walz, candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024, calificó la decisión como «una victoria para el estado de derecho y nuestra democracia», y denunció que el Departamento de Justicia persigue investigaciones penales contra opositores del presidente Donald Trump. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, afirmó que «debería inquietar a todos los estadounidenses que Trump esté utilizando el sistema de justicia penal como arma contra quienes discrepan con él». Por su parte, el alcalde Frey sostuvo que la investigación «nunca trató sobre justicia, ley y orden, sino sobre su ausencia». Un portavoz del Departamento de Justicia declaró a la prensa que la agencia «toma muy en serio la obstrucción ilegal de las operaciones federales de aplicación de la ley y seguirá actuando en pleno cumplimiento de la ley para investigar estos asuntos».\n\nEl fallo se inscribe en un contexto más amplio de fricciones entre la administración Trump y las llamadas políticas de «santuario». Las citaciones se originaron tras la Operación Metro Surge, un despliegue de agentes federales de inmigración en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul que provocó protestas ciudadanas y la muerte de dos personas a manos de agentes federales, según informes de prensa. Los funcionarios de Minnesota habían presentado una demanda para bloquear esa operación, y las citaciones del gran jurado llegaron poco después. El juez Schiltz señaló que la conexión entre la información solicitada y cualquier posible delito penal era «extremadamente débil o inexistente», y recordó que el gobierno federal no puede obligar a los estados a dedicar sus propios recursos a hacer cumplir la ley federal de inmigración. Analistas jurídicos en Washington observan que esta decisión se suma a una serie de reveses judiciales para las iniciativas del ejecutivo: el mismo lunes, otra jueza federal bloqueó la creación de una base de datos centralizada con información personal de ciudadanos estadounidenses, al considerar que violaba leyes de privacidad y podía afectar el derecho al voto.\n\nEl Departamento de Justicia puede apelar el fallo ante una instancia superior, por lo que el litigio no está cerrado. Además, esta causa es independiente de una remisión penal que el vicepresidente J.D. Vance hizo en junio contra Walz y Ellison por presuntos esquemas de fraude en el estado, cuya eventual investigación no se vería afectada por la decisión del lunes. Desde la óptica de gobiernos latinoamericanos que han seguido de cerca las tensiones migratorias con Washington, el caso ilustra los límites constitucionales a la presión federal sobre jurisdicciones locales que optan por no colaborar en operativos de deportación masiva. El expediente permanece abierto a la espera de los próximos movimientos procesales de la fiscalía.