Una jueza federal en Washington D.C. paralizó el uso de una base de datos centralizada que la administración de Donald Trump había desplegado para verificar la ciudadanía de los votantes, al concluir que su creación violó leyes de privacidad y ya ha provocado la eliminación errónea de ciudadanos de los padrones electorales. La magistrada Sparkle L. Sooknanan dejó sin efecto la versión ampliada del programa SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements), que integraba información del Seguro Social y otros registros sensibles de millones de estadounidenses, y ordenó que los estados no puedan utilizarlo para depurar sus listas de votantes de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Según la sentencia, el gobierno federal “pisoteó deliberadamente los derechos de privacidad de los ciudadanos” al combinar de forma apresurada datos que las propias agencias sabían que eran poco fiables, lo que afecta en particular a ciudadanos naturalizados cuyos registros no están actualizados. El Departamento de Seguridad Nacional criticó el fallo y anunció que se opondrá a la decisión, mientras que organizaciones de derechos electorales y privacidad —que presentaron la demanda— calificaron el sistema como un intento de restringir el acceso al voto. La jueza subrayó que incluso un solo votante privado de su derecho es “demasiado”, y que la difusión de información inexacta sobre la ciudadanía tiene un efecto difamatorio.

La decisión judicial se inscribe en un contexto más amplio de medidas ejecutivas con las que la Casa Blanca busca reforzar el control federal sobre unos comicios tradicionalmente administrados por los estados. Además de la base de datos SAVE, el Departamento de Seguridad Nacional ha condicionado parte de sus subvenciones —más de mil millones de dólares destinados a contraterrorismo y preparación ante desastres— a que los estados realicen auditorías electorales manuales, eliminen sistemas de voto electrónico sin respaldo en papel y crucen sus padrones con la propia base SAVE. Paralelamente, el Departamento de Salud ha retrasado miles de millones en financiación para investigación y salud pública mediante un nuevo proceso de aprobación que utiliza inteligencia artificial para detectar términos como “cultura”, “género” o “transgénero”, lo que, según senadores demócratas, está paralizando programas esenciales por criterios políticos.

Desde la óptica de analistas europeos, estas iniciativas recuerdan a los debates sobre el uso de datos biométricos y registros centralizados en procesos electorales, donde la tensión entre integridad del sufragio y protección de datos personales ha generado estándares más restrictivos bajo el Reglamento General de Protección de Datos. En América Latina, expertos en gobernanza electoral observan que la imposición de requisitos federales de verificación de ciudadanía mediante bases de datos interagencias podría generar exclusiones masivas similares a las que se han documentado en países con padrones no depurados adecuadamente, afectando de manera desproporcionada a minorías y migrantes naturalizados.

El fallo representa un obstáculo jurídico significativo para la estrategia electoral del presidente, quien ha sostenido sin pruebas concluyentes que el fraude por parte de no ciudadanos es una amenaza generalizada. Se espera que el gobierno apele la decisión ante instancias superiores, mientras los estados que ya habían comenzado a utilizar el sistema SAVE deberán suspender esas verificaciones. El litigio se suma a otras derrotas judiciales de la administración en su intento de acceder a los padrones estatales, y mantiene abierta la incógnita sobre el alcance real de las purgas de votantes antes de unos comicios en los que el Partido Republicano defiende mayorías muy ajustadas en ambas cámaras del Congreso.