El juez Juan Carlos Peinado ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien atribuye cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La resolución incluye además medidas cautelares consistentes en la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer dos veces al mes en el juzgado. La misma restricción se impone a su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, mientras que el empresario Juan Carlos Barrabés queda excluido por razones de salud.\n\nPara justificar la restricción de libertad, el magistrado esgrime la existencia de “indicios racionales de criminalidad” y un riesgo de fuga que, según su apreciación, podría verse facilitado por la propia escolta policial de la esposa del presidente, al considerar que la protección oficial es un factor transitorio. Desde fuentes judiciales madrileñas se apunta que Peinado argumenta que una eventual condena superior a dos años implicaría el ingreso en prisión, lo que otorga al caso una gravedad suficiente para adoptar estas cautelares.\n\nLa reacción del entorno gubernamental no se ha hecho esperar. Desde Moncloa se califica la decisión de “persecución, obsesión y desproporción” y se subraya que la instrucción carece de todo sentido jurídico y responde a motivaciones políticas. La portavoz del PSOE, Rebeca Torró, la tildó de “excesiva y desproporcionada”, en línea con la tesis socialista de que se trata de una causa instrumentalizada por la derecha. El gobierno recuerda que Gómez siempre ha estado localizada y protegida, y compara el caso con la reciente decisión de otro juez de no retirar el pasaporte al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, dada su notoriedad pública.\n\nLa causa, que arrancó en 2024 a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias, examina si Gómez aprovechó su posición para favorecer a empresarios en licitaciones públicas y si utilizó recursos oficiales para fines privados. La investigación se ha extendido a contratos de la sociedad Red.es financiados con fondos europeos, en los que la Fiscalía Europea ha detectado posibles delitos de prevaricación y fraude, lo que ha motivado una pieza separada. Mientras Sánchez defiende la inocencia de su esposa, la oposición ha reclamado su dimisión.\n\nEl siguiente paso procesal recae en la Audiencia Provincial de Madrid, que debe resolver los recursos de apelación presentados por las defensas y la Fiscalía contra la decisión de impulsar el procedimiento ante un jurado popular. Si dichos recursos son desestimados, se celebrará el juicio oral. No hay fecha prevista, pero el auto marca un hito en una causa que mantiene en vilo la política española.