El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos aprobó esta semana la Resolución del Consejo de Ministros N.º 106 de 2026, que prohíbe el acceso a plataformas de redes sociales a todos los menores de 15 años e impone un régimen de protección especial a los jóvenes de entre 15 y 16 años. Según fuentes gubernamentales emiratíes, la normativa obliga a las plataformas a verificar la edad de los usuarios mediante mecanismos que excluyen la simple declaración de fecha de nacimiento, a desactivar funciones de alto riesgo —como la mensajería privada no restringida, las emisiones en directo y los sistemas algorítmicos de recomendación intensiva— y a ofrecer herramientas de control parental que permitan gestionar la privacidad y limitar el tiempo de uso. La academia nacional de desarrollo de la infancia ha calificado la medida como una pieza clave para colocar el bienestar infantil en el centro del ecosistema digital, en un contexto de creciente preocupación por la exposición a contenidos nocivos y la recolección de datos personales.

La decisión emiratí se suma a una ola de restricciones que recorre varios continentes. Australia fue pionera en diciembre de 2025 al imponer una prohibición total para menores de 16 años, lo que llevó a la eliminación de unos 4,7 millones de cuentas, aunque informes regulatorios reconocen que persisten dificultades de aplicación debido al uso de identidades falsas. El Reino Unido, por su parte, se prepara para aprobar una de las legislaciones más severas: bloqueará el acceso a plataformas como TikTok, Instagram y Snapchat a los menores de 16 años y estudia extender las limitaciones hasta los 18, con prohibición del uso nocturno y del desplazamiento infinito de contenido. En la Unión Europea, desde Bruselas se observa un movimiento hacia la armonización de estándares: Francia debate un veto para menores de 15 años, España ha propuesto sistemas eficaces de verificación de edad y Grecia y Austria preparan sus propias restricciones, mientras Dinamarca plantea un modelo que combina la edad mínima con el consentimiento parental.

En otras regiones, el debate adopta formas distintas. Brasil optó en marzo por un enfoque que no prohíbe el acceso, pero obliga a los menores de 16 años a vincular sus cuentas a un tutor legal y veta las técnicas de diseño adictivo. China mantiene desde hace años el control más estricto, con límites semanales de tres horas de videojuegos para menores y el bloqueo de plataformas extranjeras. Analistas en Marruecos, donde un estudio del Consejo Económico y Social reveló que el 97 % de los menores de 18 años utiliza redes sociales, presionan para que el país adopte una legislación similar; expertos en infancia denuncian efectos sobre la salud mental y la seguridad, y urgen a seguir el ejemplo de Emiratos Árabes Unidos y otras naciones. Mientras tanto, Estados Unidos se apoya en la ley de protección de la privacidad infantil (COPPA) sin imponer un veto general, aunque varios estados han intentado legislar al respecto.

La diversidad de enfoques no oculta la creciente alarma compartida por gobiernos de todas las latitudes ante el impacto psicológico de las redes sociales, la exposición a contenidos inapropiados y la recolección de datos sin consentimiento. La normativa emiratí concede a las empresas un plazo de doce meses para adaptarse y prevé sanciones que van desde advertencias hasta el bloqueo total de la plataforma. Está previsto que el Reino Unido presente su proyecto de ley antes de que termine 2026 y que la prohibición entre en vigor a principios de 2027. Organismos multilaterales como la UNESCO siguen de cerca estos procesos, en un momento en que la gobernanza de los algoritmos y la inteligencia artificial se suma a la agenda legislativa global.