El sábado 18 de julio, el concierto de la DJ francesa Barbara Butch en el festival Cabaret Frappé de Grenoble fue interrumpido a los veinte minutos por unos 200 militantes propalestinos, entre ellos miembros del partido La Francia Insumisa (LFI). La artista, conocida por su participación en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024 y figura de la escena LGBTQ+, tuvo que ser exfiltrada de la tarima mientras recibía insultos y proyectiles, entre ellos botellas de vidrio, según denunció la municipalidad.

El fiscal de Grenoble abrió una investigación por “delito de obstrucción concertada a las libertades”, castigado con hasta un año de prisión. La alcaldía y el concejal de Cultura presentaron denuncias por intimidación y lanzamiento de objetos. Los manifestantes reprochaban a Butch, que es judía, haber firmado una tribuna de apoyo a una ley contra el antisemitismo —la proposición Yadan, luego retirada— y haber actuado en 2025 en la residencia del embajador francés en Tel Aviv. La artista ya había denunciado en abril una campaña de ciberacoso con insultos antisemitas, lesbófobos y gordófobos. En respuesta, más de 300 personalidades del mundo cultural francés, entre ellas Alain Chabat y Géraldine Nakache, suscribieron una tribuna de respaldo en la que defienden el derecho a la crítica sin “acusaciones infundadas” basadas en la identidad.

Desde la óptica de analistas en París, el episodio evidencia una fractura en el seno de la izquierda progresista francesa: la misma matriz interseccional que en 2024 convirtió a Butch en un ícono de la diversidad no ha operado cuando las agresiones provinieron de activistas que se reclaman del campo propalestino. Este fenómeno no es aislado. En Berlín, un informe encargado por el Departamento de Justicia y Antidiscriminación de la ciudad documenta que, desde el 7 de octubre de 2023, personas judías LGBTQ+ se sienten excluidas e intimidadas en espacios queer, donde se exige una postura antisionista. El estudio cita el caso de la Marcha Lésbica de 2024, en la que un grupo de mujeres judías fue expulsado de un evento preparatorio tras exhibir una bandera arcoíris con la estrella de David.

En otras latitudes se registran tensiones similares entre instituciones que prometen protección y las vivencias de los grupos vulnerables. En el Reino Unido, según reportes de prensa, Amnistía Internacional retiró en julio un informe que tildaba de “anti-derechos” a organizaciones feministas y de gais y lesbianas críticas del género, tras una ola de protestas y amenazas legales. En Australia, fuentes del estado de Queensland confirmaron que el gobierno mantiene sin publicar un informe de un grupo de trabajo de sobrevivientes de violencia doméstica que criticaba duramente la respuesta policial y reclamaba un mecanismo civil de revisión. Paralelamente, en Tasmania, la asociación de policías retirados denuncia que el ministro del ramo ha postergado un programa piloto de salud mental para exagentes con traumas laborales, pese a haberlo anunciado para este año.

La investigación judicial en Grenoble sigue su curso. El debate público sobre los límites de la solidaridad política y la protección efectiva de las minorías continúa abierto en múltiples frentes.