El gobierno brasileño encara la semana del 13 de julio con la expectativa de que Washington confirme un arancel adicional del 25% sobre una amplia gama de exportaciones, una medida que podría afectar a unos 4.100 productos y un valor cercano a los 15.000 millones de dólares. La decisión, prevista para el 15 de julio, es el resultado de una investigación de la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense, que cuestiona desde el desmatamento ilegal hasta el sistema de pagos Pix. A esto se suma la posibilidad de una sobretasa del 12,5% por otra pesquisa sobre trabajo forzado, lo que elevaría la carga total hasta el 37,5% para ciertos bienes.

Desde Brasília, la evaluación es que las negociaciones técnicas no han logrado acercar posiciones. El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, declaró que aún hay “mucha distancia” entre las partes. El gobierno de Lula presentó un “mapa del camino” con medidas de refuerzo en las áreas investigadas, pero excluyó el Pix, considerado innegociable. Aunque no se descarta un aplazamiento, el escenario base en el Palacio del Planalto es la aplicación de las tarifas, tras lo cual se calibraría una respuesta que podría incluir la activación de la Ley de Reciprocidad, aprobada en 2025.

El sector privado de ambos países ha intensificado la presión para evitar la medida. La Confederación Nacional de la Industria de Brasil, la Cámara Americana de Comercio y la US Chamber of Commerce enviaron una carta conjunta a los gobiernos en la que defienden la ampliación del comercio en áreas como centros de datos, automóviles y minerales críticos, y advierten que los aranceles generarían efectos indeseados para empresas y consumidores. Empresas estadounidenses que dependen de insumos brasileños, como las del café soluble o la madera procesada, han argumentado ante el USTR que no existen sustitutos locales, por lo que la tarifa se traduciría en mayor inflación interna.

En el plano político, el senador y precandidato presidencial Flávio Bolsonaro ha buscado capitalizar el desgaste, culpando a Lula por las tarifas y anunciando gestiones paralelas ante Washington y Pekín —en este último caso, por un arancel del 55% a la carne bovina que exceda la cuota anual—. Mientras, el presidente Lula mantiene una agenda centrada en la promoción de tecnologías de biocombustibles en São Paulo, adaptada a las restricciones del defeso electoral. La decisión del 15 de julio se produce un año después del primer “tarifaço” de Trump contra Brasil, un período marcado por suspensiones judiciales, nuevas imposiciones y una creciente politización del comercio bilateral.