Las juezas de la Corte Suprema de Estados Unidos Amy Coney Barrett y Elena Kagan comparecieron el martes ante los comités de asignaciones de la Cámara de Representantes y el Senado para reclamar un incremento de los fondos de seguridad, en la primera comparecencia de miembros del alto tribunal en el Capitolio desde 2019. La solicitud presupuestaria para el año fiscal 2027 asciende a 228 millones de dólares, un 10 % más que el ejercicio anterior, de los cuales 14,6 millones se destinarían a sumar seis agentes de protección por cada magistrado y otros 6,5 millones al diseño de un centro de control de visitantes externo. Barrett relató que hace unas semanas fue víctima de un incidente de “swatting” —una falsa denuncia de disparos que movilizó a la policía frente a su domicilio— y que durante la filtración del borrador que anuló Roe v. Wade tuvo que llevar un chaleco antibalas a casa, lo que la obligó a explicarle a su hijo de 12 años por qué debía usarlo.

Según datos del Servicio de Alguaciles de EE.UU., las amenazas contra jueces federales se han triplicado en la última década: en lo que va del año fiscal 2026 se han registrado 370 amenazas, un 31 % más que en el mismo período del año anterior. La policía del Tribunal Supremo reportó un aumento del 38 % en las amenazas dirigidas específicamente contra los magistrados durante el último año, y del 25 % en el precedente. Kagan vinculó este deterioro del entorno de seguridad con la filtración de la opinión que revocó el derecho constitucional al aborto en 2022, y subrayó que los ciberataques —impulsados por la inteligencia artificial— crecen “en magnitudes año tras año”.

Desde el Legislativo, la petición encontró una recepción mayoritariamente bipartidista. El representante republicano Dave Joyce, presidente del subcomité de la Cámara, afirmó que los jueces deben poder trabajar sin temer por su seguridad o la de sus familias, postura que secundó el demócrata Steny Hoyer. Sin embargo, legisladores del Partido Demócrata aprovecharon la audiencia para cuestionar la falta de mecanismos de ejecución en el nuevo código ético del tribunal, señalando que los escándalos de transparencia han contribuido a la caída de la confianza pública en la institución, que según el Pew Research Center pasó del 70 % en 2022 al 50 % actual.

Analistas en Washington observan que el incremento de las amenazas coincide con una retórica política cada vez más polarizada, en la que dirigentes de ambos partidos han criticado con dureza a los jueces por fallos adversos. La solicitud presupuestaria, que también contempla 2,3 millones para contrataciones de ciberseguridad y un puesto de seguridad residencial externo, queda ahora en manos de los comités de asignaciones, sin que se haya fijado aún una fecha para su votación.