El Departamento de Estado de Estados Unidos formalizó el lunes un nuevo paquete de sanciones contra Cuba que amplía las restricciones a diez entidades, entre ellas el Ministerio de Turismo (Mintur) y empresas de los sectores energético, financiero y de comercio exterior. La medida, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, implica el bloqueo de propiedades e intereses bajo jurisdicción estadounidense y afecta a cualquier compañía controlada en un 50 % o más por los sujetos designados. Según fuentes oficiales en Washington, la decisión busca cortar fuentes de financiamiento del gobierno cubano y de sus aparatos de vigilancia, e incluye a las Milicias de Tropas Territoriales, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y las Brigadas de Respuesta Rápida, calificadas por el Departamento de Estado como instrumentos de represión.

Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel calificó las sanciones como parte de una “guerra” destinada a “estrangular” la economía y denunció un “plan de diseño genocida” ante Naciones Unidas. El canciller Bruno Rodríguez afirmó que la medida evidencia un “propósito criminal y genocida” contra la población. Analistas en América Latina observan que la inclusión del Mintur profundiza la crisis de un sector que el gobierno cubano había priorizado como motor de divisas: las estadísticas oficiales indican que en los primeros cinco meses de 2026 la llegada de viajeros cayó un 58 % interanual, con apenas 360.000 visitas, mientras la ocupación hotelera del primer trimestre no alcanzó el 13 %. La República Dominicana, en contraste, recibió un volumen diez veces superior en el mismo período.

En paralelo, medios de la región caribeña y de Europa recogen una iniciativa que podría interpretarse como un gesto de distensión: el grupo Bin Haidar, con sede en Emiratos Árabes Unidos, ha propuesto edificar dos torres y un resort de lujo en Cayo Santa María, un islote de la costa norte cubana, y habría contactado a la familia Trump para negociar los derechos de uso del nombre “Isla Trump”. El proyecto contaría con la anuencia de Raúl Guillermo Rodríguez, nieto del expresidente Raúl Castro y miembro del equipo negociador cubano con Washington, según fuentes cercanas a la administración de Díaz-Canel. La iniciativa se produce en un contexto de máxima tensión bilateral, con un incremento de la presencia naval estadounidense en el Caribe que incluye el grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz, de acuerdo con informaciones que circulan en medios italianos.

A ello se suma la advertencia del presidente Donald Trump sobre la posible presencia de drones iraníes en Cuba. Desde el Despacho Oval, Trump afirmó que su administración investiga el asunto y que “si los tienen, nos encargaremos de ello”. El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, había señalado previamente que la isla alberga bases de inteligencia rusas y chinas. Para observadores en Bruselas, la superposición de sanciones económicas, presiones militares y un proyecto inmobiliario con la marca Trump dibuja un escenario de señales contradictorias que mantiene el expediente cubano en un estado de alta volatilidad, sin que se haya anunciado por ahora ningún canal formal de negociación.