El gobierno australiano presentó este lunes en el Parlamento un proyecto de ley que duplica las multas máximas por incumplimiento de la prohibición de acceso de menores de 16 años a redes sociales, elevándolas de 49,5 a 99 millones de dólares australianos (unos 68 millones de dólares estadounidenses). La iniciativa, anunciada tras constatar que la restricción pionera —en vigor desde diciembre de 2025— no ha logrado impedir que la mayoría de los niños sigan utilizando plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat y YouTube, otorga además a la comisionada de Seguridad Electrónica (eSafety) la facultad de exigir documentos internos de las empresas, incluidas actas de directorio y correos electrónicos, así como información de proveedores externos de verificación de edad. El objetivo, según la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, es construir casos judiciales “lo más sólidos posible” ante el incumplimiento sistemático.

La postura del Ejecutivo laborista atribuye la ineficacia de la norma a una resistencia deliberada de las tecnológicas. Wells acusó a las compañías de emplear “trucos sucios” y de querer que la ley fracase para desalentar a otras naciones. La oposición conservadora, por boca de la senadora Jane Hume, reconoció que la prohibición “no está funcionando” debido a una legislación inicial “mal redactada”, pero se mostró dispuesta a considerar el respaldo a las reformas, lo que sugiere un posible consenso parlamentario. El regulador independiente mantiene investigaciones activas sobre las cinco plataformas mencionadas y prevé decidir acciones coercitivas a mediados de año.

La ofensiva australiana se inscribe en un movimiento regulatorio global que gana impulso. Desde Bruselas, la Comisión Europea ha abierto consultas sobre verificación de edad, mientras que Francia ya aprobó una ley que exige consentimiento parental para menores de 15 años y el Reino Unido anunció un veto “Australia-plus” para 2026 con restricciones adicionales. En Oriente Medio, los Emiratos Árabes Unidos promulgaron en junio una norma que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años, desplazando la responsabilidad legal hacia las plataformas y estableciendo que el consentimiento paterno no puede anular la prohibición. La Autoridad Nacional de Medios emiratí prepara además un marco regulatorio integral para la protección infantil en línea. Analistas en el Sudeste Asiático señalan que Malasia, Indonesia y otros países de la región también estudian medidas similares, atentos a los resultados del experimento australiano.

La eficacia de la restricción es objeto de debate académico. Un estudio publicado en el British Medical Journal, basado en encuestas a más de 400 adolescentes, halló “pruebas insuficientes” de un impacto significativo y documentó una “evasión sustancial”, con más del 80% de los menores que aún acceden a las plataformas. El gobierno australiano replica que desde la entrada en vigor se bloquearon o restringieron más de cinco millones de cuentas, pero admite que la magnitud del desafío exige herramientas más contundentes. La comisionada de eSafety, Julie Inman Grant, había advertido previamente que la ley original era “un enfoque de fuerza bruta” con un “andamiaje muy delgado”, y celebró los nuevos poderes como un paso necesario para una fiscalización efectiva.

El proyecto de ley debe ser aprobado por el Parlamento australiano, donde el oficialismo confía en el respaldo bipartidista que ya permitió sancionar la prohibición original en 2024. Mientras tanto, las investigaciones del regulador continúan y se espera que las primeras decisiones sobre sanciones se conozcan hacia mediados de año. La experiencia australiana, seguida de cerca por más de una veintena de países, se perfila como un banco de pruebas para determinar si la vía punitiva contra las grandes tecnológicas puede proteger eficazmente a los menores en el entorno digital.