El Ministerio de Comercio de China anunció el lunes la inclusión de 20 entidades japonesas en su lista negra de control de exportaciones, con lo que el número total de organizaciones vetadas asciende a 40. La medida prohíbe a cualquier exportador, dentro o fuera del país, suministrar bienes de doble uso —como tierras raras, componentes electrónicos y equipos con aplicaciones civiles y militares— a los designados, entre los que figuran el Instituto Nacional de Estudios de Defensa y filiales de Mitsubishi Heavy Industries y Mitsubishi Electric. De forma paralela, otras 20 compañías, entre ellas Mitsui E&S y Terra Drone, quedan sometidas a un régimen de licencias reforzadas que exige evaluaciones de riesgo y compromisos por escrito de que los productos no se destinarán a fines castrenses.

Según el comunicado oficial, las restricciones buscan “salvaguardar la seguridad nacional” y cumplir con obligaciones internacionales de no proliferación. Un portavoz del ministerio acusó a Japón de “intensificar su apuesta por una nueva forma de militarismo” y de desplegar armamento ofensivo. Desde Tokio, el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, calificó la decisión de “totalmente inaceptable y extremadamente lamentable” y anunció una protesta formal ante Pekín, al tiempo que exigió la retirada inmediata de las sanciones. El Ejecutivo nipón ha indicado que evaluará las consecuencias prácticas antes de definir posibles contramedidas.

La decisión se inscribe en un ciclo de tensión bilateral que se agravó en noviembre pasado, cuando la primera ministra Sanae Takaichi sugirió que Japón podría responder militarmente a una crisis en Taiwán, isla que Pekín reclama como propia. Aquellas declaraciones desencadenaron una campaña de presión china que incluyó la cancelación de vuelos, la suspensión de importaciones de productos del mar y la devolución de pandas gigantes. En febrero, Pekín ya había impuesto restricciones a una veintena de entidades japonesas; la ampliación actual, según analistas en el Sudeste Asiático, consolida el uso de los controles de exportación como herramienta de disuasión frente al rearme japonés y como réplica a las sanciones tecnológicas que Washington aplica a empresas chinas. La semana pasada, el propio Ministerio de Comercio chino vetó a diez firmas estadounidenses, entre ellas productoras de tierras raras, en represalia por medidas similares de la Casa Blanca.

El dossier permanece abierto. Mientras Tokio estudia el alcance de las prohibiciones, Pekín advierte de que no se autorizarán exportaciones que contribuyan a fortalecer la capacidad militar japonesa. La Unión Europea, el Reino Unido y otras potencias han condenado en días recientes las actividades chinas en aguas al este de Taiwán, lo que añade una dimensión multilateral a un conflicto que, según fuentes diplomáticas en Bruselas, podría repercutir en las cadenas globales de suministro de semiconductores y minerales estratégicos.