La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de ratificar la facultad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) de ciudadanos haitianos y sirios abre la puerta a la deportación de cientos de miles de personas y consolida un giro restrictivo en la política migratoria federal. El fallo, emitido el 25 de junio, establece que los tribunales inferiores no pueden revisar la terminación de estas designaciones, lo que, según la administración Trump, devuelve el programa a su carácter estrictamente temporal. En paralelo, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ofreció a los migrantes afectados un billete de avión y unos 2100 dólares para facilitar el retorno a sus países de origen, al tiempo que les instó a buscar una vía de residencia permanente o abandonar el territorio.

Desde la óptica de las organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos, la resolución judicial representa una amenaza de desarraigo masivo. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración calificó el fallo de “pérdida catastrófica”, mientras que el American Immigration Council advirtió que los beneficiarios de TPS de hasta diecisiete países —entre ellos El Salvador, Honduras, Venezuela y Ucrania— quedan expuestos a una posible expulsión acelerada. A estas críticas se suman las voces de algunos gobernadores republicanos: Mike DeWine, de Ohio, alertó de que la salida forzosa de trabajadores haitianos perjudicaría a sectores como el sanitario y la economía local, y subrayó que las condiciones en Haití siguen siendo inseguras.

El endurecimiento no se limita al TPS. El estado de Mississippi activó este 1.º de julio una ley que ordena a su Departamento de Seguridad Pública elaborar un registro de inmigrantes indocumentados con nombres, direcciones y antecedentes penales, una medida que, según la Unión Americana de Libertades Civiles, puede erosionar la confianza en la policía y fomentar la elaboración de perfiles raciales. A escala federal, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) emitió un memorando que obliga a muchos solicitantes de residencia permanente con autorizaciones temporales a tramitar su ‘green card’ desde un consulado en el extranjero, lo que, de acuerdo con analistas en Washington, traslada el peso del proceso fuera del país y podría activar prolongadas esperas. Asimismo, otro fallo de la Corte Suprema —en el caso Blanche v. Lau— permite a los oficiales fronterizos tratar como solicitantes de admisión a residentes permanentes con ciertos antecedentes penales, invirtiendo la carga de la prueba en los controles de reingreso.

En contraste con estas tendencias, algunos estados mantienen políticas de mayor inclusión. Nueva York habilitó una placa conmemorativa por el 250.º aniversario de la independencia accesible a cualquier persona con licencia de conducir vigente, incluida la obtenida bajo la ‘Green Light Law’, que no exige comprobar estatus migratorio. El mapa legislativo refleja una fragmentación profunda: en lo que va del año, las legislaturas estatales han aprobado más de un centenar de leyes migratorias, según un recuento de Associated Press. Mientras los recursos judiciales contra la revocación del TPS pierden fuerza, el DHS aún no ha precisado un calendario único de expiración de protecciones, pero los permisos de trabajo de haitianos y sirios están próximos a vencer, y los expertos consultados por organizaciones proinmigrantes recomiendan a los afectados explorar sin demora otras vías legales de permanencia.