La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes, sin explicar sus razones y sin votos particulares disidentes, la petición del presidente Donald Trump de anular el veredicto civil que lo declaró responsable de abuso sexual y difamación contra la escritora E. Jean Carroll. La decisión, adoptada mediante una orden sumaria como es práctica habitual del tribunal, deja firme la indemnización de cinco millones de dólares fijada por un jurado de Nueva York en 2023 y cierra definitivamente la vía de recurso federal para este caso. Carroll, que había acusado a Trump de agredirla sexualmente en un probador de los grandes almacenes Bergdorf Goodman a mediados de la década de 1990, recibirá el monto que el entonces expresidente ya había consignado ante el tribunal.

Desde la perspectiva de los equipos legales, las posiciones permanecen enfrentadas. Los abogados de Trump argumentaron ante el alto tribunal que el juez de distrito Lewis Kaplan cometió errores probatorios que viciaron el proceso, en particular al admitir el testimonio de otras dos mujeres que acusaron al presidente de conducta sexual indebida y al permitir que el jurado viera la grabación de Access Hollywood de 2005, en la que Trump se jactaba de besar y tocar a mujeres sin consentimiento. La defensa sostuvo que esas pruebas, ajenas a los hechos concretos denunciados por Carroll, generaron un perjuicio indebido. En contraste, la representación legal de la escritora, encabezada por Roberta Kaplan, defendió que las decisiones del juez se ajustaron a los precedentes judiciales y que los testimonios eran pertinentes para demostrar un patrón de conducta. “La decisión de hoy confirma de una vez y para siempre el veredicto unánime del jurado”, declaró Kaplan.

Analistas jurídicos en Washington observan que la negativa de la Corte Suprema a revisar el caso no implica un pronunciamiento sobre el fondo de los argumentos de Trump, sino que refleja la discrecionalidad del tribunal para seleccionar los asuntos que examina. Sin embargo, desde círculos diplomáticos europeos se interpreta el desenlace como un recordatorio de que, incluso con una mayoría conservadora en el alto tribunal, los litigios personales del presidente no reciben un tratamiento excepcional. En América Latina, editorialistas han señalado el contraste entre la solidez de las instituciones judiciales estadounidenses y las dificultades que enfrentan los sistemas de justicia de la región para procesar a altos mandatarios por conductas privadas.

El cierre de este capítulo judicial no agota el frente legal entre Trump y Carroll. Un segundo jurado concedió a la escritora en 2024 una indemnización adicional de 83,3 millones de dólares por declaraciones difamatorias que el entonces expresidente realizó en 2019, cuando negó las acusaciones y tildó a Carroll de “farsante”. Trump ha apelado esa sentencia ante un tribunal federal de apelaciones, y su equipo ha anticipado que, de ser necesario, llevará también ese caso ante la Corte Suprema. De forma paralela, el Departamento de Justicia, bajo la administración Trump, ha abierto una investigación penal contra Carroll para determinar si incurrió en perjurio durante sus declaraciones en los procesos civiles, una iniciativa que, según fuentes cercanas al caso citadas por medios estadounidenses, se centra en si la escritora falseó información sobre la financiación externa de sus gastos legales. El recurso contra la condena de 83,3 millones sigue su curso en instancias inferiores y no tiene fecha prevista de resolución.