Familiares de cinco jóvenes asesinados en Venezuela presentaron el martes una demanda civil contra Nicolás Maduro ante un tribunal federal de Brooklyn, en Nueva York, acusándolo de ordenar ejecuciones extrajudiciales a través de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional. La acción, interpuesta al amparo de la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de Estados Unidos, busca una compensación económica por hechos ocurridos entre 2017 y 2021. Maduro se encuentra detenido en ese mismo distrito judicial a la espera de un juicio por narcotráfico, tras ser depuesto en enero por una operación militar estadounidense en Caracas.

La demanda, de 44 páginas, describe un patrón sistemático: agentes de las FAES irrumpían de madrugada en viviendas de barrios populares, con el rostro cubierto y vestidos de negro, separaban a los hombres de sus familias, los ejecutaban y luego simulaban escenas de resistencia a la autoridad. Según el texto, las víctimas forman parte de al menos 1.300 personas asesinadas por esa unidad de élite durante el período, una cifra que organizaciones no gubernamentales elevan. La querella califica a las FAES como «escuadrón de la muerte» y sostiene que Maduro las utilizó «como instrumento político y mecanismo de control social para reprimir violentamente la disidencia». Los demandantes, que emplean seudónimos por temor a represalias, incluyen a tres madres, un padre y una mujer que perdió a dos hermanos.

Desde Washington, la presentación de la demanda se inscribe en un contexto excepcional: es la primera vez que un exjefe de Estado venezolano enfrenta una acción civil de esta naturaleza en tribunales estadounidenses mientras cumple prisión preventiva por otros delitos. La Ley de Protección de Víctimas de Tortura, promulgada en 1991, permite a ciudadanos extranjeros reclamar daños por tortura o ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo autoridad oficial de otro país. Analistas en Nueva York observan que la coincidencia geográfica —Maduro está recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn— facilita la competencia judicial. En paralelo, fuentes cercanas a la defensa adelantaron que el exmandatario invocará inmunidad como jefe de Estado, un argumento que ya ha sido rechazado en la causa penal, donde se declaró «prisionero de guerra» y no culpable de los cargos de narcotráfico y posesión de armas.

La demanda subraya la imposibilidad de obtener justicia en Venezuela, donde, según los querellantes, el Poder Judicial ha bloqueado sistemáticamente las investigaciones sobre los crímenes de las FAES. Informes de la Misión Internacional Independiente de la ONU y de Human Rights Watch, citados en el expediente, documentan que altos funcionarios, incluido el presidente, podrían ser responsables por omisión o por orden directa. La disolución de las FAES en 2021, tras denuncias de abusos, no derivó en rendición de cuentas. Para los abogados del Centro Guernica 37, que patrocina el caso, la acción representa «la determinación de las familias de enfrentar los abusos de poder y afirmar que nadie está por encima de la ley». El tribunal aún no ha fijado una audiencia inicial, mientras la causa penal de Maduro sigue su curso y se espera que la defensa presente en las próximas semanas una moción de desestimación por inmunidad.