Nueve días después del doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela, los equipos de rescate mantienen una lucha contra el tiempo para localizar a Fabio Bastardo, un niño de 9 años atrapado bajo los restos de un edificio de doce plantas en Caraballeda, estado de La Guaira. En paralelo, el vicealmirante Gustavo Romero Matamoros, jefe de la policía regional, ha logrado comunicarse mediante golpes en código Morse desde el sótano del colapsado condominio Oasis Beach, donde permanece junto a una veintena de personas, según informaron socorristas a medios locales.

El balance oficial de víctimas, difundido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, asciende a 2.645 fallecidos y 12.666 heridos, con más de 15.000 desplazados y cerca de 200 edificios colapsados. La presidenta interina Delcy Rodríguez defendió la respuesta institucional y afirmó que se desplegaron 19.000 efectivos en las primeras 48 horas, aunque atribuyó los retrasos iniciales a los daños en aeropuertos e infraestructuras. Desde la óptica de los equipos internacionales, la falta de combustible y de maquinaria pesada ha ralentizado las labores, obligando a voluntarios a excavar con las manos, según reportaron corresponsales en la zona.

La situación de Fabio presenta versiones encontradas. Rescatistas venezolanos y familiares aseguraron haber escuchado silbidos y golpes hasta el viernes, y el padre, Francisco Bastardo, marino mercante que llegó al país tras el sismo, insiste en que su hijo responde a sus llamados. Sin embargo, brigadas de El Salvador, Argentina y España que utilizaron sonar, georradar y perros adiestrados declararon a la agencia Efe que “no se han detectado señales de vida”. Algunos medios italianos y españoles dieron por fallecido al menor, mientras que fuentes de protección civil venezolana no han emitido un parte oficial definitivo.

En el plano humanitario, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el riesgo de brotes de sarampión y otras enfermedades infecciosas debido a la baja cobertura vacunal y las condiciones de los albergues. A su vez, la detención del rescatista voluntario Wilmer Antonio Cruz, conocido como “El Topo”, tras denunciar públicamente la ineficacia gubernamental, añade un elemento de tensión social que organizaciones de derechos humanos siguen de cerca. Las operaciones de búsqueda continúan de forma intermitente, condicionadas por las réplicas —más de 890 registradas— y la inestabilidad de las estructuras.