Una jubilada de 79 años en la localidad italiana de Sassocorvaro transfirió 10.000 euros a una cuenta controlada por estafadores que se hicieron pasar por carabineros; en La Plata, Argentina, una mujer de 70 fue empujada al suelo para robarle el teléfono y en minutos le sustrajeron 70.000 pesos de su billetera virtual. Estos dos episodios, denunciados en las últimas horas, ilustran una ola de fraudes que ha llevado a gobiernos de al menos cuatro países a emitir alertas urgentes.

Las autoridades mexicanas, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, advirtieron sobre una red que utiliza nombres y cargos de servidores públicos federales para exigir pagos por trámites inexistentes, principalmente a personas adultas mayores. Los delincuentes contactan por teléfono, WhatsApp o redes sociales y presentan documentos apócrifos con logotipos oficiales. En São Paulo, la Secretaría de Seguridad Pública detectó llamadas falsas en las que los criminales se identifican como funcionarios de la propia secretaría y solicitan la confirmación de datos personales con el pretexto de un citatorio por un fraude bancario; luego usan esa información para abrir cuentas y contratar créditos.

En paralelo, la Comisión Federal de Electricidad de México alertó sobre mensajes SMS que simulan ser avisos de corte de luz y contienen enlaces a sitios fraudulentos. Mientras tanto, en Bucaramanga, Colombia, la policía capturó a una mujer de 26 años que, armada con un machete, robó el celular a un ciudadano extranjero; la rápida intervención de los uniformados evitó un linchamiento y permitió recuperar el dispositivo, aunque no se ha confirmado si el hurto derivó en un fraude financiero posterior.

Hasta el momento, las investigaciones en cada país no han establecido vínculos entre estos hechos, pero analistas en Ciudad de México y fuentes policiales en Italia coinciden en que el patrón es similar: los estafadores explotan la confianza en las instituciones y la urgencia para obtener datos o transferencias inmediatas. Las autoridades recomiendan no proporcionar información personal ni realizar pagos a desconocidos, y recuerdan que ningún organismo oficial solicita transferencias para proteger cuentas. En el caso italiano, los carabineros de Sassocorvaro rastrean el destino del dinero; en Argentina, la fiscalía analiza si el ladrón accedió a la aplicación financiera sin restricciones de seguridad. Todos los casos permanecen bajo investigación.